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AP Sevilla, Sec. 5.ª, de 26 de marzo de 2002

SP/SENT/37704

Recurso 345/2002. Ponente: CONRADO GALLARDO CORREA.

Falta de pacto expreso de sometimiento a prórroga forzosa en contrato posterior al RD Legislativo 2/1985 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia apelada, cuya parte dispositiva dice literalmente: "DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda promovida por el Procurador Sra. Blanco Toajas en nombre y representación acreditada. DEBO DECLARAR Y DECLARO resuelto por EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO el contrato de arrendamiento suscrito el día 2 de mayo de 1988 entre D MANUEL _____ Y D EVARISTO _____, DEBO CONDENAR Y CONDENO a D EVARISTO _____ a que desaloje el local de negocio objeto del presente procedimiento en el plazo legal de 1 MES con apercibimiento que, de no verificarlo, se procederá a su lanzamiento a su costa una vez transcurrido dicho plazo y en la fecha que se señale por el Servicio Común, salvo que proceda la prórroga debidamente justificada en atención a las circunstancias concurrentes. DEBO CONDENAR Y CONDENO a EVARISTO _____ a que abone las costas de este procedimiento".
Segundo.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada, y admitido el mismo se elevaron los autos originales a este Tribunal, e iniciada la alzada y seguidos todos los trámites se señaló el día 26 de marzo de 2002 para la deliberación y Fallo, en cuya fecha tuvo lugar.
Vistos, siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Corvado Gallardo Correa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Recurre la parte demandada la sentencia que accede al desahucio alegando, en esencia, que el contrato que aporta el actor es mera continuación de uno precedente sometido a la prórroga forzosa que establecía la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, no habiendo renunciado nunca expresamente a ese derecho el arrendatario, por lo que el mismo debe considerarse subsistente.
Segundo.- La testifical aportada por la parte demandada en la primera instancia es imprecisa y no se ve apoyada por una prueba documental clara, por lo que esta Sala no la considera suficiente para entender acreditada una relación arrendaticia anterior a la fecha del único contrato de arrendamiento que se ha aportado a los autos. Pero incluso aún cuando diéramos validez a dicha prueba lo único podría entenderse acreditado es la existencia de un contrato de arrendamiento previo al vigente, pero no que el mismo fuera anterior al 9 mayo de 1985, fecha en la que entra en vigor el Real Decreto-Ley 2/1985 que suprimió la prórroga forzosa que establecía el artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, ni menos aún que las partes hubieran pactado la subsistencia del derecho de prorroga forzosa, puesto que lo que está claro es que, como por otra parte es lógico la testigo desconocía y desconoce por completo el contenido de la relación contractual que unía a las partes en el presente litigio. Es más de las propias alegaciones que efectúa la parte apelante en su escrito de interposición del recurso
cabe deducir que el supuesto contrato es posterior al 9 de mayo de 1985, puesto que afirma que la fianza del mismo se depositó a finales de 1985 y que el contrato se formalizó en enero de 1986. Tercero.- Afirma la parte apelante en segundo lugar que no ha habido nunca renuncia del derecho de prórroga forzosa. Con ello parece sostener la tesis de que la supresión de la prórroga forzosa estaba

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