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AP Alicante, Sec. 5.ª, 408/2002, de 20 de junio

SP/SENT/38856

Recurso 148/2002. Ponente: ENRIQUE GARCIA CHAMON CERVERA.

No procede desahucio al no deberse ninguna renta a la fecha de la presentación de la demanda 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En los autos de Juicio de Desahucio número 347/99 del Juzgado de Primera Instancia Núm- 5 de Denia, se dictó Sentencia de fecha cuatro de julio de dos mil, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario opuesta por Don Manuel ___.a la demanda presentada por Don José ___ debo desestimar y desestimo la demanda sin entrar a conocer el fondo de la cuestión litigiosa; y todo ello con expresa condena en costas al actor".
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte actora; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la parte demandada que presentó el escrito de oposición al que acompañó un documento. Seguidamente, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 148-A/02, en el que tras admitir el documento aportado por la parte apelada se confirió a las partes un plazo común de cinco días para que alegaran lo que estimaran conveniente. Se señaló para la deliberación, votación y Fallo el día de la fecha, en el que ha tenido lugar.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El recurso de apelación se dirige, en primer lugar, a impugnar la estimación de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario en la Sentencia de instancia al no haber sido demandada en un proceso de desahucio por falta de pago la esposa del arrendatario.
Necesariamente debe de acogerse ese motivo del recurso de apelación toda vez que es criterio absolutamente consolidado del Tribunal Supremo (por todas, Sentencias de 3 de julio y 27 de noviembre de 1992) el que establece que cuando de acciones personales o derivadas de un contrato se trata, cual es la de desahucio deducida en la demanda rectora, basta dirigir la acción contra aquél de los cónyuges que haya sido parte en el mismo, sin necesidad de demandar al otro, y ello con la sola excepción de aquellos supuestos en que legalmente el objeto negocial sea indisponible o de los que requiere necesariamente el consentimiento de ambos cónyuges, a que se refieren los artículos 1.320 y 1.378, respectivamente, del Código Civil, aquí no aplicables y, aunque siempre que la acción afecte a derechos consorciales existe la facultad de poder dirigir la demanda frente a ambos cónyuges, como así parece aconsejarlo la STS de 11 de noviembre de 1987, tal posibilidad en absoluto puede estimarse suponga reconocer la cotitularidad formal del contrato en ambos cónyuges.
En efecto, salvo en supuestos de crisis matrimoniales con atribución al cónyuge no titular formal del arrendamiento, del uso
de la vivienda familiar en que la conocida STC número 135/86, reconoció la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, bien que tal doctrina haya sido dejada sin efecto en las posteriores del mismo TC de 12 de junio de 1989 y 4 de octubre de 1993, lo que es evidente es que para que el litisconsorcio acogido en la Sentencia impugnada pudiera tener lugar sería necesario, como así ya lo exigía la primera de las citadas del TC, y en la actualid

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