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AP Sevilla, Sec. 5.ª, de 27 de mayo de 2002

SP/SENT/39069

Recurso 2254/2002. Ponente: CONRADO GALLARDO CORREA.

Desahucio por falta pago IBI y suministros debidamente exigidos por arrendador contrato anterior LAU 94 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Se aceptan los Antecedentes de la sentencia l apelada, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Rocío Olivares González en nombre y representación de ___ S.L. contra Rafael ___, absuelvo plenamente al citado demandado de la totalidad de pretensiones; deducidas en su contra, con imposición a la parte demandante de las costas causadas en este procedimiento".
Segundo.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora, y admitido el mismo, tras formular escrito de oposición la parte demandada, se elevaron seguidamente los autos originales a este Tribunal, e iniciada la alzada y seguidos todos los trámites se señaló el día 27 de mayo de, 2002 para la deliberación y Fallo, en cuya fecha tuvo lugar.
Vistos, siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Conrado Gallardo Correa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La parte actora recurre la sentencia que deniega el desahucio por considerar que las únicas cantidades que el arrendatario demandado al arrendador son las correspondientes al suministro de agua y al impuesto sobre bienes inmuebles, las cuales no pueden tener la consideración de renta ni cantidad asimilada a la misma al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 que le es aplicable, por lo que su impago no es susceptible de dar lugar al desahucio; alega para ello en primer lugar, resumidamente, que las cantidades que se adeudan por consumo de agua constituyen parte de la renta y que el cobro del IBI es un derecho que otorga al arrendador la ley de 1994 cualquiera que sea la fecha del contrato por lo que el impago de estos conceptos ha de considerarse como causa dei resolución del contrato; en segundo lugar considera que las rentas que la sentencia admite como consignadas o indebidamente devueltas por el arrendador ni lo han sido en legal forma, ni la devolución ha de considerarse injustificada al tratar del pagar el arrendatario cantidades inferiores a las que debía.
Segundo.- Como se razona en la sentencia apelada el arrendamiento que vincula a las partes en este procedimiento debe regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 por cuanto que así lo dispone la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 en su apartado 1, con la salvedad sin embargo de las modificaciones contenidas en los apartados siguientes de dicha di
sposición. En lo que interesa a estos autos debe destacarse de entre esos apartados el número 10, particularmente los subapartados 2 y 5. Conforme a los mismos, desde la entrada en vigor de la vigente Ley, el arrendador, tiene derecho a exigir, y el arrendatario está obligado a pagar, tanto el Impuesto, sobre Bienes Inmuebles que corresponda al inmueble arrendado como el coste de los servicios y suministros. En consecuencia entiende la Sala que c

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