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AP Pontevedra, Sec. 5.ª, 221/2002, de 1 de julio

SP/SENT/40023

Recurso 2329/2001. Ponente: JOSE FERRER GONZALEZ.

Plazo extinción 5 años por transformación del contrato de vivienda en asimilado a local de negocio 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En los autos a que este rollo se refiere en fecha diecisiete de julio de dos mil uno se dictó sentencia, cuyo Fallo textualmente dice:
"Que desestimando la demanda promovida por el Procurador de los Tribunales D. Ticiano Atienza Merino, en la representación acreditada, ABSUELVO de sus pretensiones a Dª. Enma ___, Dª María ___, D. Juan José ___y D. Benigno ___, con expresa imposición de las costas causadas en la instancia a los actores ".
Y contra dicha sentencia, por el Procurador Sr. Atienza Merino en la representación acreditada se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación del cual se confirió traslado a las demás partes, presentándose por la Procuradora Sra. Carrazoni fuertes escrito de oposición al citado recurso que quedó unido al procedimiento.
SEGUNDO.- En la tramitación del presente recurso se han cumplido las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La sentencia dictada en primera instancia desestimó la acción de desahucio ejercitada en la demanda al apreciar que el contrato de arrendamiento que unía a las partes no podía ser calificado como asimilado al de local de negocio y sujeto al artículo 5.2 de la ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 sino como de vivienda y, a partir del 1 de enero de 1989 como de local de negocio, lo que impedía aplicar la extinción contractual prevista en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. En el recurso de apelación de la parte actora se alega que el destino del piso objeto de arrendamiento que inicialmente era de vivienda se había modificado por voluntad de ambas partes, mediante los contratos de 1 de enero de 1983 y 1 de febrero de 1989, transformándose en oficina y almacén.
Como resume la s.T.S. 464/2001 de 14 de noviembre "los contratos son lo que son y la calificación no depende de las denominaciones que le hayan dado los contratantes (SS. 26 enero 1994; 24 febrero y 13 noviembre 1995; 18 febrero, 18 abril, y 21 mayo 1997, y 7 julio de 2000, entre otras), pues para la calificación, que constituye una labor insertada dentro de la interpretación (SS. 30 mayo y 15 diciembre 1992 y 9 abril 1997 ), habrá de estarse al contenido real, es decir, que habrá de realizarse de conformidad con el contenido obligacional convenido y el protagonismo que las partes adquieren (entre otras Sentencias las de 20 febrero, 4 julio y 30 septiembre 1991; 10 abr
il, 20 y 23 julio 1992; 26 enero y 25 febrero 1994, y 9 abril 1997), con prevalencia de la intención de las mismas sobre el sentido gramatical de las palabras (S. 22 abril 1995), al tener carácter relevante el verdadero fin jurídico que los contratantes pretendían alcanzar con el contrato (S. 4 julio de 1998)".Expuesta la anterior doctrina deben realizarse dos precisiones. En primer lugar, que en el régimen de la L

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