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AP Málaga, Sec. 6.ª, 408/2002, de 21 de noviembre

SP/SENT/42833

Recurso 50/2002. Ponente: ANTONIO ALCALA NAVARRO.

Impago repercusión de IBI no es causa de desahucio por falta de pago 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número doce de Málaga dictó sentencia de fecha seis de septiembre de 2.001en el juicio verbal de desahucio nº 255 de 2001 del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así: "FALLAMOS.- Que desestimando la demanda presentada por la Procuradora Dª Concepción Labanda Ruiz , en nombre y representación de Dª Isabel , contra Dª Rocío , se acuerda: 1) No haber lugar a declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito por las partes el 1-3-79 respecto de la vivienda sita en la Calle DIRECCION000 NUM000 Málaga , continuando dicho contrato vigente; 2) Condenar a la actora al pago de las costas causadas. "
SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la demandante el cual fue admitido a trámite y, su fundamentación impugnada de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse propuesto prueba ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día 23 de mayo de 2.002, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D . ANTONIO ALCALA NAVARRO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en anteriores resoluciones (sentencias de 19 de mayo, 3 de junio y 15 de julio de 1997, y 24 de Marzo y 23 de Octubre de 1998) en el sentido de que la facultad de resolver el contrato que tiene el arrendador a través del desahucio por falta de pago, tiene su fundamento en la infracción por el arrendatario de la principal obligación que le impone el contrato, es decir, el pago de la renta y de las cantidades asimiladas a ésta, pudiendo ser repercutido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del local arrendado en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria 3ª. D.9 y disposición transitoria 2ª . C.10, ambas de la Ley de Arrendamientos urbanos de 1994 , por el arrendador a los arrendatarios respecto de los contratos celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 , y debe ser abonado por éstos, pero no tiene el concepto de cantidad asimilada a la renta, en consecuencia , su impago en ningún caso podría dar lugar al desahucio ejercitado al amparo del art. 114.1º de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 , aplicable por así establecerlo la ya mencionada disposición transitoria 3ª A.1., por ello procede desestimar el recurso confirmándose la sentencia dictada en la anterior instancia que recoge la doctrina anteriormente expuesta, debiendo indicarse que el artículo 99.1 de la derogada Ley locativa permitía repercutir la cuota del Impuesto sobre el inmueble arrendado sólo por el aumento experimentado por la contribución,
y para los arrendamientos subsistentes a la entrada en vigor de la citada Ley, por lo que, aparte de que no sería de aplicación al presente caso dado que el contrato cuya resolución se pretende data de 1979 , en ningún caso al amparo de tal precepto podría justificarse una acción de desahucio por falta de pago de cantidades asimiladas a la renta en base al sólo impago del IBI, como se afirma por el recurrente, porque ello simplemente otorga al ar

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