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AP Pontevedra, Sec. 6.ª, de 7 de marzo de 2003

SP/SENT/47378

Recurso 3081/2002. Ponente: JAIME CARRERA IBARZABAL.

Resolución unilateral sin respetar el preaviso de dos meses establecido en contrato 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de primera instancia num. Dos de Vigo, con fecha once de enero de dos mil dos, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:
"Que estimando como estimo en parte la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Vaquero Alonso, en nombre de D. Carlos , en juicio ordinario, frente a la empresa "GALICIA RECORD SERVICIOS SL.", debo condenar y condeno a la demandada a abonar al actor la cantidad de 150.000 pts. (novecientos un euros con cincuenta y dos céntimos), más los intereses procesales, devengados desde la fecha de esta resolución. No se hace expresa imposición de las costas causadas, por lo que cada parte abonará las generadas a su instancia, y las comunes por mitad."
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por el procurador Sra. De Lis Fernández en nombre y representación de GALICIA RECORD SERVICIOS, SL. se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Acerca de la interpretación del documento suscrito por las partes en fecha 30 de noviembre de 2000.- Debe mantenerse el criterio de la impecable sentencia de instancia, sustentada en acabados y exhaustivos razonamientos. En efecto, el documento en cuestión está redactado en términos claros e inequívocos y dice lo que dice, sin que se invoque ni concurra razón alguna para ampliar su contenido. Al respecto, es de aplicación la doctrina hermenéutica del art. 1281 del Código Civil: si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Y es que tal documento no constata sino alguna de las consecuencias de una evidente resolución contractual, como el desalojo y entrega de la posesión del local y la correlativa entrega de llaves, resolución que, en atención al dato introducido por los propios arrendatarios (art. 1282 del Código Civil, para juzgar de la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente a los actos de éstos coetáneos y posteriores al contrato), sobre la irregular marcha del negocio y la comunicación al arrendador - tres semanas antes - de la posibilidad de dejar sin efecto el contrato, necesariamente hubo de ser unilateral y, en consecuencia, impuesta al arrendador que no tuvo otro remedio que aceptarla y que se entendió obligado a redactar y suscribir (desde luego innecesariamente, porque para lo único que ha servido el fatídico documento ha sido justamente para
originar el pleito) un escrito refiriendo aquellas consecuencias parciales y accesorias. Y sin que, obviamente, hubieren de contemplarse en aquel gratuito instrumento unos pretendidos efectos indemnizatorios a favor del arrendador, ni que éste tuviere necesidad de consignar explícitamente la reserva de las acciones legales para reclamación de daños y perjuicios, cual pretende la ahora recurrente, entre otras razones porque es patente que nada se

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