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AP Las Palmas, Sec. 4.ª, 689/2003, de 1 de diciembre

SP/SENT/54380

Recurso 436/2003. Ponente: Emma Galcerán Solsona.

Incremento renta aplicando aumento del 87,1% de IPC que es el producido entre fecha contrato y la de presentación demanda 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, se dictó la sentencia ya referida, cuyo fallo desestimó la demanda formulada por la procuradora doña María Luisa Guerra Navarro, en nombre y representación de Dª. Angelina , contra D. Luis Carlos , absolviendo a la parte demandada de las pretensiones formuladas de contrario y ello, con expresa imposición a la parte actora de las costas procesales causadas. SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte ya indicada, previa su pertinente preparación. Tramitado el recurso en la forma dispuesto en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se remitieron los autos a esta Sala, donde se formó el rollo de apelación. No habiéndose recibido a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista, se señaló para discusión, votación y fallo el dia 29.10.2003.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, en los autos de Juicio Ordinario nº 110/02, sobre actualización de renta en arrendamiento de local de negocio, por la que se desestimó la demanda, absolviendo a la parte demandada de las pretensiones formuladas de contrario, con imposición a la parte actora de las costas causadas. SEGUNDO.- Por la parte apelante se solicita la revocación de la sentencia, y la estimación de la demanda, con expresa condena en costas en ambas instancias a la parte demandada.
En defensa de su pretensión alega, en síntesis, que la arrendadora no ha aceptado los pagos realizados por el demandado, tal como resulta del interrogatorio de las partes y de la documental aportada, en concreto, la cláusula 3ª del contrato de arrendamiento, el requerimiento notarial., de 30 de marzo de 1992, el requerimiento notarial de 9 de marzo de 1999, el procedimiento de desahucio nº 327/00 por falta de pago de las rentas, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, y la interposición de la presente demanda.
Se alega que es absurdo y carente de lógica sostener que aceptar los ingresos bancarios supone aceptar como renta los importes de los ingresos. En el caso de autos se considera que está clara la falta de acuerdo, pues antes de procederse al primer aumento de la renta
de forma unilateral por el arrendatario en 1999, ya se le había requerido previamente, con expresiones claras y determinantes de la voluntad de la arrendadora, por lo que la actualización debe someterse a lo pactado en el contrato, actualización conforme al IPC. Los pagos efectuados deben ser considerados como pagos a cuenta de la verdadera renta obtenida por aplicación de la Transitoria 1ª de LAU; nunca deben con

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