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AP Zaragoza, Sec. 5.ª, 79/2004, de 6 de febrero

SP/SENT/55918

Recurso 660/2003. Ponente: JUAN IGNACIO MEDRANO SÁNCHEZ.

Pacto contractual sometimiento prórroga según LAU y aplicación prórroga forzosa 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 22 de septiembre de 2003, cuya parte dispositiva dice: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Alberto contra Narciso , con imposición al actor de las costas procesales causadas.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de la demandante D. Alberto se interpuso contra la misma recurso de apelación y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso; emplazadas las partes se remitieron las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia.
TERCERO.- Recibidos los Autos se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 4 de febrero de 2004, en que tuvo lugar.
CUARTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La doctrina del T.S. sobre la situación de los contratos de arrendamientos tras la entrada en vigor del R-Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, es clara, y puede sintetizarse en la doctrina sentada en el sentencia de 23 de mayo de 1995, Con cita de la de 28 de abril de 1993, afirmará que: "la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril sobre medidas de Política Económica, ha determinado la existencia de dos clases de arrendamientos urbanos: los anteriores a esta norma legal, sujetos a prórroga forzosa, y los posteriores a los que será de aplicación la tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil, a no ser que los contratantes hubiesen convenido explícita o implícitamente, el sometimiento al régimen de prórroga forzosa, haciendo uso de la libertad de pacto que preconiza el artículo 1255 del Código Civil y cuya posibilidad de pacto".
Es doctrina que hay que estar a lo que las partes hayan pactado. No sólo expresamente sino, como cualquier otro pacto, también implícitamente. Por lo tanto hay que estar a lo pactado en cada caso concreto (s. 18-3-1992).
Y en este sentido, al margen de la presunta oscuridad de las cláusulas contractuales, es lo cierto que las partes expresamente pactaron que la prórroga sería "según la Ley de Arrendamientos Urbanos", esto es una expresa invocación al régimen entonces vigente, el T.R. de la LAU de 24-XII- 1964, y por ende a la prórroga forzosa establecida en el
art. 57 de dicho Texto Refundido.Coadyuvará a esa interpelación lo establecido en la cláusula tercera, que aun con confusa redacción, hace tributario en exclusiva al arrendatario de la facultad de impedir la prórroga del contrato, lo que no es sino trasunto del régimen tuitivo que disciplinaba el art 57 del T.R. de la LAU 1964.Y además, aunque sea indirectamente, un régimen j

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