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AP Málaga, Sec. 5.ª, 591/2004, de 17 de mayo

SP/SENT/59482

Recurso 845/2002. Ponente: Juana Criado Gámez.

Falta acreditación condonación renta por existencia de problemas registrales 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de Estepona dictó sentencia de fecha 24 de septiembre de 2.001 en el juicio de cognición del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así:" Que desestimando la demanda interpuesta por la entidad Inmobiliaria y Constructora Avila Rojas S.A. y en su representación por el Procurador de los Tribunales D. Guillermo Leal Aragoncillo, contra Dª. Luisa , debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos contra ella formulados, con expresa imposición de costas a la parte demandante."
SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación el demandante, el cual fue admitido a trámite dándose traslado del escrito en el que constan los motivos y razonamientos del mismo a la otra parte para que en su vista alegase lo que le conviniese. Cumplido el trámite de audiencia se elevaron los autos a esta Audiencia, y tras su registro se turnaron a ponencia quedando pendientes de deliberación y fallo.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª. Juana Criado Gámez. Habiendo tenido lugar la deliberación previa a esta resolución el día 14 de mayo de 2.004.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada en la instancia, se alza el apelante, reiterando en esta alzada los argumentos que ya alegó en la anterior instancia, y que se concretan en que la demandada no ejercitó en el momento pactado la opción de compra de los inmuebles concedida; que no ha pagado la renta pactada por el arrendamiento en el periodo que se reclama y que por tanto procede declarar la resolución del contrato además de la condena al pago de la renta, finalmente manifiesta estar absolutamente en desacuerdo con la valoración que el juzgador de instancia realiza de la incomparecencia del Sr. Everardo a la práctica de la prueba de confesión judicial de la actora, propuesta por el litigante contrario.
SEGUNDO.- Como bien se indica en la resolución combatida, las acciones ejercitadas de forma conjunta por el demandante, tal y como autorizaba el art. 40.2 de la ley de arrendamientos urbanos, son las de resolución contractual, por falta de pago de las rentas y la de reclamación de las cantidades adeudadas, acciones que traen causa del contrato de arrendamiento de vivienda suscrito entre los ahora litigantes el día 5 de junio de 1997; las estipulaciones del citado instrumento establecían el pago de una renta mensual de cincuenta mil pesetas, la duración de dos años y la concesión de forma gratuita al arrendatario de una opción de compra sobre el referido inmueble, a ejercitar en cualquier momento, pero siempre con anterioridad al 31 de mayo de 1999, fecha a partir de la cua
l quedaría sin efecto la opción concedida; pese a lo afirmado por la parte demandada y lo acogido en la resolución recurrida, es lo cierto que no es objeto de este procedimiento sí la inquilina llegó o no a anunciar al propietario su intención de ejercitar la opción de compra, lo que, en caso preciso debe ser objeto del proceso que corresponda; el objeto del procedimiento que ocupa radica en determinar si durante el periodo de tiempo que se indic

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