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AP Granada, Sec. 4.ª, 367/2004, de 7 de junio

SP/SENT/60159

Recurso 615/2003. Ponente: Juan Francisco Ruiz Rico Ruiz.

Indudable voluntad de no continuar la relación puesta de manifiesto en telegrama 
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Nuevo pacto de cláusula de estabilización renta no supone intención partes acogimiento a prórroga forzosa 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La referida sentencia, fechada en 23 de abril de 2003, contiene el siguiente fallo: "Estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador D. Juan Luis Lozano Carvantes, en nombre y representación de D. Arturo , contra Dña. Rebeca , representado por el Procurador D. Juan Luis Lozano Cervantes DEBO DECLARAR Y DECLARO RESUELTO el contrato de arrendamiento del local de negocio sito en la PLAZA000 nº NUM000 de Cúllar por expiración de su duración, debiendo la demandada poner a disposición de su propietario el citado inmueble, con apercibimiento de lanzamiento en otro caso y todo ello con expresa imposición de costas a la demandada."
SEGUNDO.- Sustanciado y seguido el presente recurso, por sus trámites ante esta Iltma. Audiencia Provincial, en virtud de apelación interpuesta por la parte demandada, por escrito y ante el Órgano que dictó la sentencia; de dicho recurso se dio traslado a demás partes, para su oposición o impugnación; tras ello se elevaron las actuaciones a este Tribunal, señalándose día para su Votación y Fallo, en que ha tenido lugar.
TERCERO.- Han sido observadas las prescripciones legales de trámite.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JUAN FRANCISCO RUIZ RICO RUIZ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Hemos de rechazar de plano el motivo que denuncia incongruencia de la sentencia (Art. 218 de la LEC) por cuanto la sentencia recurrida ha dado puntual respuesta a todos y cada uno de los motivos de oposición planteados. La circunstancia de que en el fundamento jurídico 2º in fine se haya deslizado la expresión de "demanda de desahucio por falta de pago", cuando en realidad se trataba de una demanda de resolución del contrato por expiración del término (así se recoge en la parte dispositiva de la sentencia), no deja de constituir un "lapsus linguae", un auténtico error material, subsanable en cualquier momento del proceso (Art. 267, 1º de la LOPJ).
SEGUNDO.- La misma suerte han de correr los motivos 2º y 3º del escrito de interposición de la apelación. Teniendo el proceso el objeto que antes hemos mencionado, la relación jurídico-procesal se encuentra bien configurada entre arrendador y arrendataria, es decir, las partes intervinientes en el contrato. Esto no puede desvirtuarse por la alegación de una posible cesión o subarriendo a tercera persona no demandada, lo cual, además de haber sido negado por la interpelada en el acto de la vista al decir que no le había hecho cesión del contrato a su hija, en nada ha de perjudicar al arrendador que no ha autorizado injerencia alguna en la relación contractual (Art. 22 de la antigua LAU). En cualquier caso, ya dictaminó la anterior sentencia de esta misma Sala de 6-3-2000 que puso fin a otro procedimiento seguido inter par
tes con similar pretensión que "al tratase de local de negocio, no de vivienda, lo que exime de demandarlo pero no lo impide (STC de 6-4-88, TS de 3-7-89 y 22-4-91)". TERCERO.- Del mismo modo hemos de proceder respecto de siguiente motivo del recurso que se ampara en la posible confusión y certeza de la verdadera voluntad del demandante de poner punto final a la relación locaticia y no admitir una nueva prórroga po

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