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AP Las Palmas, Sec. 4.ª, 492/2004, de 1 de septiembre

SP/SENT/62756

Recurso 87/2004. Ponente: JUAN JOSE COBO PLANA.

Validez de subarrendio por consentimiento expreso de forma verbal 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada dice literalmente:
"En atención a lo expuesto, y en virtud de las facultades que me confiere el Ordenamiento Jurídico, he decidido desestimar la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Pinto Luque, en nombre y representación de D. Luis Manuel , contra D. Ricardo y la entidad mercantil "Oumhamdi S.L.", y absuelvo a los demandados de todas las pretensiones que contra ellos se dirigían, sin hacer expresa imposición de costas" .
SEGUNDO.- La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba en esta segunda instancia, y tras darle la tramitación oportuna se señaló para su estudio, votación y fallo el día veinte y cuatro de mayo de 2004 .
TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales. Es Ponente de la sentencia el Iltmo. Sr./a. D./Dña. Juan José Cobo Plana , quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se aceptan los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida, los cuales se dan aquí por reproducidos.
Se interpone por la representación de DON Ricardo recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia invocando error en la valoración de la prueba, al entender el recurrente que en autos no existe prueba alguna que acredite, ni siquiera indiciariamente, que el primitivo arrendador, padre del actor, hubiera prestado consentimiento al demandado para que se produjera la cesión del contrato de arrendamiento a favor de la sociedad "LAMHAMDI - OUMHAMDI S.L.".
El recurso no puede prosperar.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de noviembre de 1996 (P.: Sierra Gil de la Cuesta. Nº de Recurso: 57/1993), sentando doctrina perfectamente aplicable al caso aquí enjuiciado, dice lo siguiente:
"El primer motivo del presente recurso de casación está residenciado en el art. 1962.4 LEC, y en base a la infracción por interpretación del art. 114.2 en relación al art. 22, ambos de la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada por D 4104/1964 de 24 de diciembre.
La base lógica del anterior aserto la encuentra la parte recurrente en el dato de que la parte recurrida como arrendatario de un local de negocio, no obtuvo la autorización expresa y escrita del arrendador, ahora parte recurrente, y, por ende, el subarrendamiento realizado de
esa manera determina la resolución del contrato de arrendamiento de local de negocio en cuestión. Efectivamente el tema controvertido ha tenido un tratamiento fluctuante tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de esta Sala, pero, hoy por hoy, se puede afirmar paladinamente que el requisito de la autorización y por escrito que establece el art. 22.1 LAU, es un requisito ad probationem que puede ser sustitui

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