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AP Asturias, Oviedo, Sec. 7.ª, 31/2005, de 24 de enero

SP/SENT/69777

Recurso 756/2003. Ponente: ALFONSO SUAREZ ACEVEDO.

Deben considerarse prescritos los aumentos de renta comprendidos entre el requerimiento del arrendador y los quince años previos 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Gijón dictó en los referidos autos Sentencia de fecha 7 de Julio de 2003, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Desestimo la demanda interpuesta por D. Ángel Daniel representado por la Procuradora D°. Concepción Zaldivar Caveda y asistido por la Letrado D. Alfredo Prieto Valiente, frente a Dª Flora representada por el Procurador D. Javier Gómez Mendoza y asistido por la Letrado Dª María Carmen García Díaz, y en su virtud, no ha lugar a declarar actualizada la renta del contrato en los términos solicitados por el demandante al que se imponen las costas del proceso ".
SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación legal de Don Ángel Daniel se interpuso recurso de apelación y admitido a trámite, previo emplazamiento en forma legal de las partes se remitieron a esta Audiencia Provincial, y cumplidos los oportunos trámites, en anterior resolución se señaló fecha para la deliberación y el fallo.
TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.
Vistos siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don ALFONSO SUAREZ ACEVEDO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Solicita el apelante sea revocada la sentencia de instancia al estar disconforme con el criterio del juez "a quo" que considera aplicable el plazo de prescripción de quince años del art. 1964.1 del Código Civil a la cláusula 4ª del contrato de arrendamiento suscrito en fecha 15 de septiembre de 1972.
Partiendo de la subsistencia de la vigencia de dicha cláusula contractual, pretende, con carácter principal, que se declare que la renta revisada asciende a la cantidad de 197,61 euros, y, subsidiariamente, que la aplicación de la prescripción no puede aplicarse al derecho de revisión trienal, sino que sólo presentaría su operatividad respecto a los retrasos más allá de quince años, a contar desde 1.999, lo que supondría una renta revisada de 6.987 pesetas (41,99 euros).
SEGUNDO.- La cuestión planteada acerca de la prescripción de la cláusula de revisión de la renta contractual, debe resolverse, como hizo el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 28 de septiembre de 1994, en el sentido de considerar prescritos los aumentos de renta anteriores al periodo comprendido entre el requerimiento del arrendador y los quince años previos al mismo.
En efecto, en esta resolución, estima el Alto Tribunal errónea la tesis de la Audiencia al entender que el plazo prescriptivo de quince años es aplicable a "la pretensión de exigir la elevación de renta contractualmente
pactada» sin distinguir la facultad de solicitar el aumento de su concreta operatividad al darse sucesivamente los presupuestos del mismo según la cláusula de estabilización, pues el hecho de que no se ejercite la facultad de aumentar la renta durante algún tiempo no priva de eficacia a la cláusula cuya vigencia se extiende a todo el tiempo de duración del contrato; y considera correctas, por el contrario, las concretas elevaciones de renta que,

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