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AP Granada, Sec. 3.ª, 238/2005, de 5 de abril

SP/SENT/71306

Recurso 726/2004. Ponente: JOSE MARIA JIMENEZ BURKHARDT.

Aplicación prórroga forzosa a contrato donde se manifesta expresamente el no sometimiento al Real Decreto-ley 2/1985  
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 31 de Mayo de 2004, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Desestimo la demanda presentada por doña Araceli y María y absuelvo a doña Elisa , imponiéndole a la parte actora las costas causadas".
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte actora; una vez elevadas las actuaciones a éste Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
TERCERO.- Que, por éste Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo.Sr. Magistrado D. JOSE MARIA JIMENEZ BURKHARDT .-
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada.
PRIMERO.- Dada la redacción de la cláusula adicional 3ª del contrato de arrendamiento, donde expresamente se excluía, por voluntad de las partes contratantes, la supresión de la prorroga forzosa, que supuso gran innovación del llamado Decreto Boyer, cuando el contrato se había celebrado con posterioridad a su entrada en vigor, obvio es decir que era obligado para la Sra. Juez de Instancia partir de lo que dicho Real Decreto-Ley establecía, para llegar a la conclusión desestimatoria de la demanda, sin que haya sido el único motivo aducido, como dice la representación de las apelantes, para llegar a la conclusión de su fallo, pues partiendo de la base de la exclusión de tal normativa, no ha hecho sino lo que el articulo 1281 cc exige se haga cuando los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, pues si en el año 1988 estaba en vigor la LAU 1964 y teniendo, como tenían, las arrendadoras oportunidad de controlar la duración del contrato con solo someterse a la nueva normativa, no lo hicieron e, incluso, de modo expreso, manifestaron su deseo de no someterse, se nos dirá a que normativa debía quedar sujeto el arrendamiento de un piso, si no era a la de la LAU 1964, cuyo art. 57 establecía, si así lo deseaba el inquilino y con obligación del arrendador de consentirlo, la prorroga del contrato. Es mas, como quiera que en la fecha del contrato ya exist
ía la posibilidad legal de fijar libremente la duración del arrendamiento, la adición a la cláusula 3ª se ha de entender como una confirmación o ratificación de la propia cláusula 3ª, donde se hablaba de "año prorrogable", luego una interpretación sistemática y armónica, conforme al articulo 1.285 cc, nos ha de llevar a la conclusión que era aquella y no otra la intención y deseo de los contratantes. Es doctrina jurisprudencial que "las cl

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