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AP Barcelona, Sec. 13.ª, 307/2005, de 17 de mayo

SP/SENT/72646

Recurso 219/2004. Ponente: MARIA DELS ANGELS GOMIS MASQUE.

No es preciso autorización para realización obras conservación del local cuya ejecución es asumida contractualmente por arrendatario 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimo la demanda interpuesta por el procurador José Ignacio Gramunt Suárez, en nombre y representación de ECIN,S.L., absuelvo a la demandada, DUNKIN ESPAÑOLA,S.A, de todas las pretensiones contra ella ejercitadas en la demanda; y condeno a la actora a pagar todas las costas procesales.".
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria ; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial .
TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 22 de febrero de 2005.
CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales salvo el plazo para dictar sentencia.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. Mª ANGELS GOMIS MASQUÉ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Con la demanda inicial la actora, propietaria de un local, se dirige contra la mercantil arrendataria del mismo en ejercicio de una acción de resolución del contrato con fundamento en la causa prevenida en el artículo 27.2 d) de la LAU 29/94, alegando que, contraviniendo lo dispuesto en la ley y en lo expresamente pactado en el contrato, la demandada ha realizado obras sin comunicación previa y sin su preceptivo consentimiento. Opuesta la arrendataria a dicha pretensión, la sentencia de primera instancia desestima la demanda al considerar, en esencia, que la alteración de la memoria para la adecuación del local a la actividad a desarrollar por la arrendataria al tiempo de ocupar la finca inicialmente no es causa de incumplimiento ni de resolución, y, por lo que se refiere a las obras cuya realización provoca el pleito, estima que, si bien era necesaria la autorización de la arrendadora, atendida la entidad de las obras realizadas, la falta de consentimiento supone un incumplimiento que no tiene entidad suficiente para ser considerado como causa resolutoria. Frente a dicha resolución se alza la parte actora por medio del presente recurso e impugna este último pronunciamiento alegando, esencialmente, que infringe lo prevenido en el artículo 1569 CC, así como el pronunciamiento relativo a las costas.
SEGUNDO.- El Tribunal Supremo ha declarado (STS 16.3.2003, entre otras) que los Tribunales de alzada tienen competencia no sólo para revocar, adicionar, suplir y enmendar
las sentencias de los inferiores, sino también para dictar, respecto de todas las cuestiones debatidas, el pronunciamiento que proceda, salvo en aquellos aspectos en los que, por conformidad o allanamiento de las partes, algún punto litigioso ha quedado firme y no es, consiguientemente, recurrido, ya que, en otro caso, al Juzgador de la alzada le es lícito en nuestras leyes procesales valorar el material probatorio de distinto modo que el Tribun

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