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AP Cádiz, Jerez de la Frontera, Sec. 8.ª, 250/2012, de 10 de octubre

SP/SENT/851795

Recurso 178/2012. Ponente: MARIA LOURDES MARIN FERNANDEZ.

La comunidad no es responsable de la caída por la existencia de líquido en el pavimento cuando no se acredita quien efectúa el vertido y los servicios de limpieza contratados por la comunidad cumplieron con su cometido 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el 27/01/11 , cuya parte dispositiva es como sigue: "Que desestimando como desesetimo la demanda formulada por el Procurador Dª Inmaculada Paullada Sevilla, en nombre y representación de D. Jesús Ángel , en representación de su hija menor Rocío , debo absolver y absuelvo a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 de esta ciudad y a la compañía aseguradora MAPFRE, de las pretensiones contra ellos formuladas como codemandadas solidarias, con imposición de las costas causadas en este procedimiento a la parte actora".
SEGUNDO. - Interpuesto recurso de apelación se elevaron los autos a esta Sección de la Audiencia Provincial, donde se ha formado rollo y turnado de ponencia y se han cumplido los trámites de personación e instrucción.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente la Ilma.Sra. Magistrada Dª LOURDES MARÍN FERNÁNDEZ, quien expresa el parecer del Tribunal.
Se acepta la declaración de hechos probados contenida en la sentencia apelada que se dan por reproducidos en aras de la economía procesal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Que se interpone recurso de apelación por error en la apreciación de la prueba.
La parte apelada impugna el recurso contrario y solicita la confirmación de la sentencia.
SEGUNDO. - La parte apelante considera que se ha incurrido en error en la valoración de la prueba. Que si bien es cierto que el recurso ordinario de apelación se le concibe como una simple revisión del procedimiento anterior seguido en al primera instancia, permitiendo al órgano "ad quem" conocer y resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito - T.S. 1ª SS. de 6 de julio de 1962 y 13 de mayo de 1992 -, se presenta como impensable que el proceso valorativo de las pruebas realizado por Jueces y Tribunales de instancia pueda ser sustituido por el practicado por uno de los litigantes contendientes, habida cuenta que la jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares interés - T.S. 1ª SS. de 16 de junio de 1970 , 14 de mayo de 1981 , 22 de enero de 1986 , 18 de noviembre de 1987 , 30 de marzo de 1988 , 24 de julio de 2001 , 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003 -, debiendo, por tanto, ser respetada la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto n
o se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o de las reglas de la sana crítica, de ahí que sea posible que dentro de las facultades que se concedan a Jueces y Tribunales de instancia den diferente valor a los medios probatorios puestos a su alcance e, incluso, optar entre ello por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos,

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