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AP Cádiz, Jerez de la Frontera, Sec. 8.ª, 109/2014, de 18 de junio

SP/SENT/852410

Recurso 249/2013. Ponente: MARIA LOURDES MARIN FERNANDEZ.

No es de aplicación el plazo de preaviso para la finalización del contrato recogido en la LAU94 para los locales que no pactaron nada 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO-. La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Jerez de la Frontera dictó sentencia el día veintiséis de abril de dos mil trece, cuyo Fallo literalmente dice, "Que debo estimar y ESTIMO la demanda interpuesta por el Proc Sra Paullada contra Lorenza , condenando a la demandada a abonar a la Sra Sabina la cantidad de 1300€ e intereses legales desde 1.3.2010 ; condenando a la demandada a abonar a Africa y Santiago la cantidad de 16262'72€ e intereses legales desde 15.9.2011 , condenando a la demandada al pago de costas procesales."
SEGUNDO-. Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de Dª. Lorenza y admitido el recurso, se dio traslado del mismo a la parte contraria, quien procedió a oponerse al mismo, y se elevaron las actuaciones a esta Sala.
TERCERO-. Recibidas las actuaciones se le dio el trámite pertinente quedando pendiente la resolución de los mismos.
Ha sido ponente la Ilma. Sra. Presidente Dª. LOURDES MARIN FERNANDEZ, quien expresa el criterio del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Que se alega error en la apreciacion de la prueba en cuanto a la interpretación de las cláusulas del contrato. Si bien es cierto que el recurso ordinario de apelación se le concibe como una simple revisión del procedimiento anterior seguido en al primera instancia, permitiendo al órgano "ad quem" conocer y resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito - T.S. 1ª SS. de 6 de julio de 1962 y 13 de mayo de 1992 -, se presenta como impensable que el proceso valorativo de las pruebas realizado por Jueces y Tribunales de instancia pueda ser sustituido por el practicado por uno de los litigantes contendientes, habida cuenta que la jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares interés - T.S. 1ª SS. de 16 de junio de 1970 , 14 de mayo de 1981 , 22 de enero de 1986 , 18 de noviembre de 1987 , 30 de marzo de 1988 , 24 de julio de 2001 , 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003 -, debiendo, por tanto, ser respetada la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o de las reglas de la sana crítica, de ahí que sea posible que dentro de las facult
ades que se concedan a Jueces y Tribunales de instancia den diferente valor a los medios probatorios puestos a su alcance e, incluso, optar entre ello por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, todo ello sin olvidar, claro está, como la revisión del valor probatorio que debe darse a los diferentes testimonios prestados por los testigos que depusieran a instancia de parte, debe hacerse con suma cautela, teniendo en

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