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AP Cantabria, Sec. 4.ª, 87/2016, de 16 de febrero

SP/SENT/853670

Recurso 378/2015. Ponente: JOAQUIN TAFUR LOPEZ DE LEMUS.

El derecho de la demandada a ocupar la finca en base al contrato de arrendamiento suscrito con un causante de la actora, justifica la desestimación de la acción de desahucio por precario instada 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - Por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Reinosa, en los autos de referencia, se dictó sentencia con fecha 15 de junio del 2015 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Que debo DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la representación de Dña. Bárbara contra "La Mesquería, S.C." y sus integrantes, con expresa imposición de costas a la parte demandante.".
SEGUNDO .- Contra dicha sentencia la representación de la ya reseñada parte apelante interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia; y tramitado el mismo se remitieron las actuaciones a la Iltma. Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes, habiendo correspondido, por turno de reparto, a esta Sección, donde tras la deliberación y el fallo del recurso, quedaron las actuaciones pendientes de dictarse la resolución correspondiente.
TERCERO. - En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para resolver el recurso, en razón a la existencia de otros asuntos civiles señalados con anterioridad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La actora se alza contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera de Reinosa en petición de otra que, revocando la anterior, estime íntegramente la demanda de desahucio por precario de finca rústica. La sentencia de primera instancia ha desestimado la demanda con fundamento en la existencia de un contrato de arrendamiento rústico entre la demandada y don Pelayo , causante de la actora
SEGUNDO. Para bien resolver el presente recurso debemos partir de las siguientes consideraciones. En la LEC de 1881 se concedía acción de desahucio "contra cualquier otra persona que disfrute o tenga en precario la finca, sea rústica o urbana, sin pagar merced, siempre que fuere requerida con un mes de anticipación, para que la desocupe". La acción, así, se definía por referencia al precario, situación posesoria que, sin embargo, no aparece definida en el Código Civil, ni en la LEC de 1881. Durante la vigencia de la antigua LEC, el Tribunal Supremo, desde el prejuicio de que el proceso de desahucio era sumario, impedía que en su seno pudieran tratarse cuestiones complejas, y especialmente las relativas a los derechos que las respectivas partes dijeran ostentar, cuestiones que debían ser ventiladas en el proceso declarativo correspondiente. El juicio de desahucio, decía el Tribunal Supremo, por su índole especial y sumaria, no consentía la resolución de cuestiones sobre la validez o nulidad del dominio, ni tampoco las que se promuevan respecto al mejor derecho a poseer, se
an cuales fuesen los títulos que invoquen los litigantes. Y seguía afirmando el Tribunal Supremo que, dada la sencillez del juicio de desahucio como medio fácil, rápido y económico de obtener judicialmente la posesión, no pueden ser discutidas ni resueltas en él cuestiones relativas al dominio, ni aquellas otras que, por su trascendencia y complejidad, requieren una discusión más extensa y detenida. En la práctica judicial, los excesos en el ejer

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