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AP Barcelona, Sec. 13.ª, 99/2016, de 9 de marzo

SP/SENT/855232

Recurso 242/2015. Ponente: FERNANDO UTRILLAS CARBONELL.

La condición de copropietaria de una mitad indivisa, que ostenta la demandada, es título válido para ocupar la finca objeto de la acción de desahucio por precario 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada, es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que estimando íntegramente como estimo la demanda formulada por la representación procesal de DON Ovidio representado por la Procuradora de los Tribunales doña Eva Puig García, frenta a DOÑA Flor , provista de D.N.I. número NUM000 , declarada en situación legal de rebeldía procesal, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio por precario interpuesto, condenando a la parte demandada a reintegrar la posesión a la actora y a que en plazo legal desaloje y deje libre, vacua y expedita la finca sita en la CALLE000 , número NUM001 , piso NUM002 , puerta NUM003 , de Barcelona, con apercibimiento expreso de lanzamiento que se llevará a cabo en el plazo legal. Se imponen a la parte demandada las costas causadas en esta procedimiento."
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria se opuso en tiempo y forma; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincia.
TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 9 de marzo de 2016.
CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Apela la demandada Dña. Flor la sentencia de primera instancia estimatoria de la demanda en ejercicio de la pretensión de desahucio por precario, formulada por el demandante D. Ovidio , en relación con la vivienda en C/ CALLE000 nº NUM001 . NUM002 . NUM003 , de Barcelona, alegando la demandada la titularidad de una mitad indivisa de la finca, admitido que el demandante es titular de la otra mitad indivisa.
Centrada así la cuestión discutida, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2002; RJA 9758/2002 ), que la legitimación ad causam, en cuanto afecta al orden público procesal, debe ser examinada incluso de oficio.
Es igualmente doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2004;RJA 2334/2004 ) que la legitimación ad causam se determina en función de la relación existente entre una persona determinada y la situación jurídica en litigio, ya que consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina la aptitud para actuar en el mismo como parte ( Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1993 y 28 de febrero de 2002 ; RJA 2027/1993 , y 3513/2002 ).
Por lo que la legitimación ad causam no es una cuestión procesal de las que deban ser resueltas en la audiencia previa al juicio, del modo previsto en los artículos 416 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil , o al c
omienzo del juicio verbal, según lo dispuesto en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sino que por el contrario se trata de cuestión referida al fondo, que debe ser resuelta en la sentencia, después de permitir a las partes la producción de la prueba pertinente sobre este extremo, con la necesaria contradicción.En relación con el precario, es doctrina reiterada desde las Sentencias del Tribunal Supre

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