CARGANDO...

AP Granada, Sec. 4.ª, 55/2016, de 26 de febrero

SP/SENT/856668

Recurso 589/2015. Ponente: MOISES LAZUEN ALCON.

Estimación del desahucio por falta de pago y reclamación de rentas al no haber acreditado el arrendatario su pago 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- La referida sentencia, fechada en 11 de mayo pasado, contiene el siguiente Fallo: "Que estimando la demanda presentada por la Procuradora Sra. Bustos Montoya en nombre y representación de Dª Justa , frente a D. Remigio , Dª Modesta y Dª Raimunda , debo condenar y condeno a los demandados a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 5.588,28 euros, más intereses moratorios desde la fecha de interposición de la demanda con respecto a la cantidad correspondiente a vencimientos e impagos producidos a dicha fecha y desde la fecha de su producción con respecto al resto, incrementados en ambos casos en dos puntos desde la fecha de esta resolución y al pago de las costas del procedimiento."
SEGUNDO .- Sustanciado y seguido el presente recurso, por su trámites ante esta Iltma. Audiencia Provincial, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por escrito y ante el Órgano que dictó la sentencia; de dicho recurso se dio traslado a las demás partes para su oposición o impugnación; tras ello se elevaron las actuaciones a este Tribunal, señalándose día para Votación y Fallo, en que ha tenido lugar.
TERCERO .- Han sido observadas las prescripciones legales de trámite.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. MOISÉS LAZÚEN ALCÓN.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Frente a la sentencia, dictada en 11-5-15, por el Juzgado de 1ª Instancia Número 4 de Motril, en Juicio Verbal nº 815/14 , seguido por demanda de Dª Justa frente a Dª Raimunda , Dª Modesta y D. Remigio , sobre desahucio por falta de pago y reclamación de cantidad de 5.588'28 €, se interpuso por la representación de los demandados, recurso de apelación, que ha originado el Rollo 589/15, de esta Sala, que resolvemos.
SEGUNDO .- Debemos señalar con carácter previo que el principio dispositivo vigente en nuestro proceso civil trae consigo que el resultado del proceso dependa de la actividad de las partes, de tal modo que cada una de ellas asume la carga de probar los hechos sobre los que sustenta su pretensión y oposición a la acción ejercitada. Más concretamente, el actor debe acreditar los hechos constitutivos de su acción, y el demandado los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la consecuencia jurídica solicitada en la demanda. Todo ello, bajo la perspectiva de que las consecuencias jurídicas perjudiciales de la falta de prueba han de atribuirse a quien tenía la carga de la misma. En el vigente artº 217 LEC se desarrolla todo ello, incluida la doctrina de la facilidad probatoria. Desde esta perspectiva el artº 217-1º LEC señala que cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el Tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente,
o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos o a otros las carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. Esta idea la respalda la STS de 23-3-15 , al señalar que, el llamado problema de la carga de la prueba surge, solo, en ausencia de elementos de juicio susceptibles de fundar la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes y a los que la norm

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