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AP Sevilla, Sec. 6.ª, 155/2014, de 26 de junio

SP/SENT/857683

Recurso 8269/2013. Ponente: MARCOS ANTONIO BLANCO LEIRA.

Al haberse producido la jubilación ya entrada en vigor la LAU94 que la contempla como causa de resolución del contrato arrendaticio, procede estimar la demanda resolutoria 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia por el Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº3 DE SEVILLA cuyo fallo es como sigue: "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por el Procurador/a Sr./a Blanco Toajas en nombre y representación de GRUPO VIARTI 4, S.L, contra D. Mario , y en consecuencia debo absolver ya absuelvo a éste último de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. Con imposición de costas a la parte actora.".
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de GRUPO VIARTI 4 SL que fue admitido en ambos efectos, remitiéndose los autos a este Tribunal y dándose al recurso la sustanciación que la Ley previene para los de su clase, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución, tras la deliberación y votación de este recurso.
TERCERO.- Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO : Con base en lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera A) 3 de la Ley de Arrendamientos , la parte actora, titular arrendadora de un contrato de arrendamiento que le vinculaba con la parte demandada, instó la resolución del contrato por jubilación del inquilino. La sentencia recurrida ha sostenido que dicha novedosa causa de extinción no es aplicable a las situaciaciones producidas con anterioridad a 1995, entendiendo además que la jubilación del arrendatario en el supuesto de autos fue en efecto anterior al uno de enero de 1995, en concreto el 16 de marzo de 1990, y que pese a ello continuó siendo el titular del negocio ubicado en el local objeto de la relación arrendaticia. En consecuencia, desestimó la demanda de resolución, absolvió al demandado y mantuvo la vigencia de la relación.
SEGUNDO : Recurre en apelación la parte arrendadora. Comparte con la sentencia recurrida todo el planteamiento normativo que realiza respecto de la no aplicación retroactiva de la reforma de 1994, pero invoca y sostiene que ha habido un error en la valoración de la prueba, porque sostiene que la jubilación del arrendatario no se produjo en la fecha que indica, 16 de marzo de 1990, sino que tuvo lugar después de la vigencia de la nueva norma puesto que en la fecha en que la sentencia tiene por jubilado al arrendatario, lo único que pesaba sobre éste era una declaración administrativa de invalidez por invalidez permanente total, que por sí misma no era g
eneradora de situación de jubilación ni como tal había sido declarado. Y en efecto así es, el arrendatario en 1990 pasó a situación de invalidez, no de jubilación; esta última tuvo lugar al cumplir la edad de 65 años, edad general de jubilación, y así está establecido en el art. 143.4 de la Ley General de Seguridad Social conforme al cual las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de 65 años, pasarán a denom

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