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AP Alicante, Elche, Sec. 9.ª, 489/2015, de 11 de diciembre

SP/SENT/858655

Recurso 552/2015. Ponente: SUSANA PILAR MARTINEZ GONZALEZ.

No queda acreditado el cese de la actividad de la nave antes del plazo de expiración del contrato fijado en tres años 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE TORREVIEJA en los referidos autos, se dictó sentencia con fecha 08/09/2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:"Que desestimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador sr. Amorós Lorente en nombre de Segismundo frente a Jose Ignacio a quien debo absolver de todos los pedimentos frente al mismo deducidos, con imposición de costas a la actora."
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte apelante Segismundo en tiempo y forma que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos a este Tribunal, donde quedó formado el Rollo número 000552/2015, tramitándose el recurso en forma legal. La parte apelante solicitó la revocación de la sentencia de instancia y la apelada su confirmación. Para la deliberación y votación se fijó el día 10/12/2015
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TERCERO .- En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª Susana Pilar Martínez González
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Contra la sentencia de primera Instancia desestimatoria de la demanda en la que se reclamaba indemnización de 99.413,27 euros por responsabilidad contractual, dimanante de contrato de arrendamiento, se alza el apelante, demandante en primera instancia, alegando en primer lugar, infracción del artículo falta de motivación e incongruencia.
Sobre tal cuestión parece oportuno comenzar señalando, como con reiteración lo ha hecho esta sala, que establece el artículo 209.4º de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil que "El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de la partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos ...", mientras que el artículo 218.1 establece que las sentencias harán las declaraciones que las partes exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, lo que indudablemente enlaza con el deber de motivar las resoluciones judiciales, expresamente recogido en el artículo 120.3 de la Constitución Española , y con el propio artículo 24 de la norma fundamental, pues de éste se deriva, según ha entendido el Tribunal Constitucional, la obligación de los órganos judiciales de resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que aparezcan planteadas ( artículos 3
59 y 372 núm. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 , y 218, 208 y 209 de la actual, así como también artículo 11 y 248 núm. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ), de modo que tal deber se vulnera tanto si no se responde a las cuestiones planteadas ( incongruencia omisiva ) como si se resuelven cuestiones no planteadas respecto de las que partes no han tenido oportunidad de defenderse, no respetándose, por tanto, el principio de contrad

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