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AP Las Palmas, Sec. 4.ª, 140/2016, de 18 de abril

SP/SENT/860102

Recurso 560/2014. Ponente: JUAN CARLOS SOCORRO MARRERO.

No procede la nulidad del contrato de arrendamiento al no haber acreditado el arrendatario el engaño 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia Número 16 de Las Palmas de Gran Canaria se dictó Sentencia en los referidos autos cuya Fallo literalmente establece:
"Que estimando la demanda formulada por la representación procesal de D. Narciso debo declarar y declaro la resolución del contrato de arrendamiento de fecha 04 de julio de 2.013 debiendo las demandadas "Multiinversiones Canarias S.L." y "Misahualli S.L." estar y pasar por la anterior declaración así como devolver al actor la cantidad de 6.608,11 euros, todo ello con expresa condena en costas a las demandadas, por ser así de justicia".
SEGUNDO.- Frente a la referida Sentencia, de fecha 22 de julio de 2.014 , fue interpuesto recurso de apelación por la parte demandada. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la parte contraria presentó escrito de oposición al mismo alegando cuanto tuvo por conveniente, y seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó Rollo de apelación. No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se señaló día para deliberación, votación y fallo.
TERCERO.- En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Frente a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 16 de Las Palmas de Gran Canaria dictada el día 22-7-2.014, que estimó la demanda presentada por D. Narciso contra las entidades "Multiinversiones Canarias S.L." y "Misahualli S.L.", interpusieron éstas recurso de apelación, en el que alegan error en la valoración de la prueba. Según las recurrentes, que examinan el contrato de arrendamiento litigioso (su expositivo primero, y sus estipulaciones 1ª, 2ª - en relación con la 14ª-, 3ª -su párrafo segundo-, 6ª, y 9ª), no fue acreditado en este juicio la existencia de ocultación voluntaria y maliciosa por parte de sus administradores de algún hecho que determinase la voluntad del actor de suscribir el contrato. Alegan las recurrentes que no quedó acreditado debidamente tal tipo de actuación dolosa.
SEGUNDO: I. La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2.015 (Recurso nº 1.089/2.013 ) señaló que, "en nuestro ordenamiento, el tratamiento jurídico del dolo contractual, conforme a la tipicidad legal que históricamente lo ha distinguido como vicio del consentimiento, cobra una clara especificidad en atención a su naturaleza de acto antijurídico, esto es, de conducta que infringe un deber jurídico y que resulta especialmente reprobable por vulnerar el principio de buena fe contractual que debe informar el curso de la formación del consentimiento contractual ( STS de 14 de enero de 2.014, núm. 537/2.013 ).

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