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AP Granada, Sec. 3.ª, 627/2005, de 20 de septiembre

SP/SENT/91829

Recurso 300/2005. Ponente: JOSE MARIA JIMENEZ BURKHARDT.

A efectos de reclamación de cantidades, se constata que el arrendador, pese a lo acordado por las partes, no dispuso de la vivienda hasta una fecha posterior 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha veintiuno de Abril de dos mil cinco, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Pérez Cuevas, en nombre y representación de Dña. Rita, contra D. Diego, representado por el Procurador Sr. Pérez Choin, debo condenar y condeno al demandado a abonar a la demandante la cantidad de 2.442,75 euros, más los intereses de mora procesal del art. 576 LEC, sin imponer las costas a ninguna de las partes."
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a este Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
TERCERO.- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSE MARIA JIMENEZ BURKHARDT.
Se aceptan íntegramente los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es doctrina reiterada del T.C. que la motivación de las resoluciones judiciales se configura como una exigencia constitucional que se integra en el contenido del derecho que el art. 24.1 de la Constitución reconoce y garantiza, teniendo reconocido como no vulneradora de esa garantía constitucional los supuestos en que el Tribunal se limita a asumir en su integridad la sentencia del Juzgado "a quo", sin añadir nuevos fundamentos, efectuando así lo que se ha venido en llamar la motivación por remisión, sobre cuya validez se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en multitud de resoluciones, entre otras las ss 174/87, 146/90, 27/92, etc.
Conforme a dicha doctrina, en el presente caso, examinada la sentencia de instancia, procede su íntegra confirmación, al ser su fundamentación jurídica y consiguiente fallo, fruto de una ajustada ponderación y valoración de las pruebas practicadas, sin que los argumentos en que se funda la representación de D. Diego tengan virtualidad que justifique la pretendida revocación que se interesa, ya que en absoluto se puede considerar errónea la conclusión estimatoria parcial de la demanda a la que llega la Juzgadora de Instancia, puesto que sobre la pretendida valoración errónea de las pruebas practicadas, el T.S. antes de la entrada en vigor de la LEC de 2.000 tenia conformada doctrina que resulta en gran parte compatible con la vigente ley procesal, sentando al respecto que la prueba testifical es de la libre valoración por el
Tribunal de Instancia y de apreciación discrecional conforme a las reglas de la sana critica (STS 8-11-1983, 11-7-1987, 8-11-1989, etc.), pudiéndose, asimismo, valorar los documentos en unión de otros elementos de juicio que se infieran de lo actuado; debiéndose valorar las pruebas unas con otras, de forma conjunta (STS 16-7-1982 y 25-1-1993), con el predominio de la libre apreciación de la prueba que es potestad del Tribunal de Instancia.

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