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AP Huelva, Sec. 3.ª, 18/2006, de 10 de febrero

SP/SENT/95687

Recurso 12/2006. Ponente: JOSE MARIA MENDEZ BURGUILLO.

No cabe retracto cuando lo enajenado es el edificio en su totalidad y no varias viviendas agrupadas 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Aceptamos los correspondientes de la Sentencia apelada.
SEGUNDO.- Cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que con desestimación de la demanda interpuesta en el presente procedimiento por la representación de D. Luis Pablo y Dña. Carolina,/ DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a Dña. Margarita y Dña. María del Pilar de los pedimentos formulados en la demanda, sin expresa condena en las costas causadas."
TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, la representación de la demandante interpuso recurso de apelación contra la misma, que fue admitido en ambos efectos, y emplazadas las partes y remitidos los autos originales a esta Audiencia, se sustanció el recurso por todos sus trámites, señalándose para deliberación, votación y fallo, la fecha de hoy, en que efectivamente ha tenido lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Alega el recurrente en primer lugar infracción del artículo 218 LEC refiriéndose a la falta de motivación de la Sentencia.
La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales no comporta necesariamente que el Juez deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado ni es exigible, desde la perspectiva constitucional, una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, sino que basta, por el contrario, que la motivación cumpla la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada, y, de otro, permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
Es decir, el deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del Juez o Tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cual ha sido el fundamento de derecho de la decisión adoptada, criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.

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