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AP Barcelona, Sec. 13.ª, 92/2006, de 9 de febrero

SP/SENT/96476

Recurso 51/2005. Ponente: FERNANDO UTRILLAS CARBONELL.

No ha lugar ampliación plazo para desalojo por no concurrir circunstancias que lo justifiquen 
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No cabe indemnización por desalojo cuando inquilino ni abandona la vivienda ni justifica los perjuicios 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimando la demanda interpuesta por el procurador D. Raul Rodriguez Nieto en nombre y representación de D. Gabriel contra D. Marcelino , representado por el procurador D. Ramón Jufresa Lluch, en juicio ordinario, declaro resuelto el contrato de arrendamiento suscrito en Terrassa en fecha 6 de septiembre del año 1970 que tenía por objeto la vivienda sita en la calle DIRECCION000 nº NUM000 de Terrassa. Condenando al demandado a dejar dicha vivienda libre, vacua y expedita a disposición de la parte actora dentro del plazo legal, con apercibimiento de lanzamiento en caso contrario. Imponiéndose las costas del procedimiento a la parte demandada".
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte DEMANDADA mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria se opuso en tiempo y forma; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 7 de febrero de 2006.
CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Apela la parte demandada la sentencia de primera instancia, únicamente, en cuanto a la pretendida omisión de pronunciamiento sobre la petición subsidiaria contenida en el suplico de la contestación a la demanda, en el sentido de que se otorgara al arrendatario demandado un nuevo plazo de seis meses para desalojar la vivienda, y se condenara al demandante al pago de 12.000 euros en concepto de indemnización.
Centrada así la cuestión discutida, es doctrina constante y reiterada (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2000, y 28 de febrero de 2003; RJA 281/2000, y 2154/2003) que el principio de congruencia proclamado en el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que en su modalidad omisiva tiene trascendencia constitucional, por entrañar una infracción del artículo 120,3 de la Constitución, y también una conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24,1 de la Constitución, exige inexcusablemente que toda sentencia resuelva absolutamente todas las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas la respuesta suficientemente razonada o motivada que sea procedente.
Ahora bien, es igualmente doctrina comúnmente admitida (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2004; RJA 2053/2004) que para determinar la incongruencia se ha de acudir al examen comparativo de lo postulado por las partes, y los términos del fallo, estando autorizado el
órgano jurisdiccional para hacer un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, siempre que no se produzca una alteración de la causa de pedir, ni una sustitución de las cuestiones debatidas por otras, guardando el suficiente acatamiento de la sustancia de lo solicitado, sin que ello requiera una exacta identidad, ni una literal concordancia, ni mucho menos alcance a los razonamientos empleados por las partes, aplicando

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