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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 136/2008, de 21 de febrero

SP/AUTRJ/161172

Recurso 10768/2007. Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ.

Legalidad del registro domiciliario efectuado al estar presente tanto el titular empadronado de dicha vivienda como el acusado que vivía en una de las habitaciones 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Audiencia Provincial de Gerona, (Sección 4ª), en autos nº Rollo de Sala 4/2007, dimanante del Procedimiento Abreviado número 113/2006, del Juzgado de Instrucción nº 6 de Figueras, se dictó Sentencia de fecha 17 de Abril de 2007, por la que se condena a Abelardo y a Gonzalo como autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de tres años y ocho meses de prisión y multa de dos mil ciento ochenta euros con noventa céntimos (2.180''90 euros) con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de quince días a Abelardo , y a la pena de cuatro años de prisión y multa de dos mil ciento ochenta euros con noventa céntimos a Gonzalo y al pago de la mitad de las costas procesales. Decretamos el comiso de las sustancias tóxicas y de los efectos intervenidos, así como de los 500 euros ocupados a Abelardo
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, se interpuso recurso de casación por el recurrente, Gonzalo , mediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales Don Juan de la Ossa Montes, mencionando como motivo susceptible de casación la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución.
El recurrente, Abelardo , representado por el Procurador de los Tribunales Don Santiago Tesorero Díaz menciona como motivos suscepti
bles de casación los siguientes: 1) Al amparo del art.5.4 de la LOPJ se alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y derecho a la asistencia de letrado del art. 24.2 de la Constitución Española. 2 ) Al amparo del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución. 3 ) Al amparo del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se alega vulne

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