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TS, Sala Segunda, de lo Penal, de 12 de febrero de 2003. Con Comentarios

SP/AUTRJ/42446

Recurso 37/2002. Ponente: Perfecto Andrés Ibáñez.

Presentación de escritos: aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civi al proceso penal 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Ramón ___, representado por la procuradora Cristina Gramage López, ha interpuesto recurso de queja contra el auto de fecha 24 de mayo de 2001 por la que se inadmitió el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en el rollo 42/99, dimanante del sumario 4/99 del Juzgado de instrucción número seis de Zaragoza.
El Fiscal ha solicitado la desestimación del recurso de queja.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La representación del condenado en esta causa presentó el escrito anunciando su propósito de interponer recurso de casación el día 23 de mayo de este año, cuando la última notificación de la sentencia se había producido el día 16 del mismo mes. Así, dice la Audiencia, sin computar (por inhábil) el festivo que medió entre esas fechas, el plazo para la actuación de que se trata habría concluido el día 22, acaeciendo con ello la preclusión del trámite.
Entiende asimismo el tribunal que no resulta aplicable la previsión del art. 135,1 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que lleva hasta las quince horas del siguiente día hábil el vencimiento del plazo para la presentación de escritos, porque, conforme dispone el art. 4 de la propia ley, la vigencia supletoria de ésta en el ámbito propio de las demás de procedimiento está condicionada a la constatación de un defecto de regulación, que aquí no se daría. Y ello porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene un tratamiento de la materia que no presenta lagunas en lo que se refiere al régimen temporal de los recursos, en concreto del de casación.
Planteado así el asunto, no cabe duda de que debería estarse con tribunal de instancia. Pero sucede que ese modo de discurrir, en su acusado formalismo, hace abstracción de una dimensión sustancial del problema suscitado por el recurso, que no puede dejar de considerarse.
En efecto, si trascendiendo el aspecto meramente procedimental de la cuestión se pasa a considerar la naturaleza de los recursos cuya reglamentación se contempla, es evidente que no concurren diferencias de fondo que puedan dar razón de la diversidad de trato a que lleva la argumentación de la Audiencia. Pues no es imaginable algún motivo específico ratione materiae que impida extender

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