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AP Málaga, Sec. 5.ª, 389/2004, de 1 de abril

SP/SENT/58165

Recurso 729/2003. Ponente: ANTONIO TORRECILLAS CABRERA.

Para oponer un pacto no es obligatorio en documento público pero sí debe probarse 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: El Juzgado de Primera Instancia dictó auto el día 1 de Abril de 2.003, en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: "Declarar procedente que la ejecución instada por la representación procesal de doña Mercedes contra D. Felix siga adelante, en la cuantía de 6.543''75 euros en concepto de pensión alimenticia y de 1.010''85 euros en concepto de pago de recibos de comunidad, electricidad y agua.
Queda actualizada la pensión en 165''30 euros mensuales con efectos desde Enero de 2.002.
Se le condena al ejecutado al pago de las costas de esta ejecución".
SEGUNDO: Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 30 de Marzo de 2.004 quedando visto para sentencia.
TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO TORRECILLAS CABRERA quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Por el procurador de los tribunales Sr. Olmedo Cheli, en la representación que ostenta de D. Felix, se interpone recurso de apelación contra el auto de 1 de abril de 2.003 del Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Málaga por el que se desestima la oposición, a los solos efectos de despachar la ejecución de la sentencia de separación de 26 de enero de 1.999 dictada por el mismo juzgado instada por su esposa Dª. Mercedes contra aquél por la suma 6.543,75 € en concepto de pensión alimenticia y 1.010,85 € en concepto de pagos de recibos de comunidad, electricidad y agua. Argumenta el auto la denegación de la oposición a la referida ejecución en primer lugar en que de acuerdo con constante doctrina jurisprudencial los progenitores están legitimados para reclamar las pensiones alimenticias fijadas en procesos matrimoniales en base al art. 93 del CC.; en segundo lugar, no se ha acreditado la existencia de pacto de no pedir la pensión, ni el mismo consta en documento público y en tercer lugar, respecto de la no obligación de abono de los recibos que se le exigen, tampoco puede tener favorable acogida al haberse pactado así en el convenio regulador aprobado por la sentencia de separación que ahora se trata de ejecutar.
El apelante impugna el auto a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente en lo relativo al abono de los gastos de Comunidad, Electricidad y Agua, así como en la no admisión del acuerdo para suspender la ejecución; pues entiende que si
endo cierto dicho acuerdo, sin embargo, ello se refería solamente al supuesto en el que la madre e hija vivieran en el hogar familiar, no en el supuesto en el que cambiaran de domicilio, como de hecho ocurre ahora en que la madre e hija viven en otro piso de alquiler con el compañero sentimental de la ejecutante. Respecto de la pensión de la hija, mantiene que como ésta encontró un trabajo, ambos cónyuges, acordaron suspender el abono de la pensi

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