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AP Málaga, Sec. 6.ª, 31/2007, de 31 de enero

SP/AUTRJ/116110

Recurso 987/2006. Ponente: Sr. D. ANTONIO ALCALA NAVARRO.

El tercero que adquiere de buena fe la finca hipotecada responde del principal y de los intereses con el límite de cinco anualidades 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Marbella, dictó auto de fecha veintiséis de enero de dos mil seis en los autos de Ejecución Hipotecaria nº 298 de 1988, por el que desestimaba la oposición formulada por la ejecutada, y aprobaba la liquidación de intereses presentada por la ejecutante, con imposición de costas al impugnante.
SEGUNDO.- Contra el auto referido interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la representación procesal de Capital Contractors, S.L., representada en la alzada por el Procurador D. Luis Javier Olmedo Jiménez, el cual fue admitido a trámite y su fundamentación, impugnada de contrario, remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia, donde se señaló día para la deliberación del recurso, que tuvo lugar el 31 de enero de 2007, quedando concluso para su resolución.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONIO ALCALA NAVARRO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Constituye el procedimiento regulado en el derogado artículo 131 de la Ley Hipotecaria un procedimiento especial y sumario de realización de la deuda garantizada con la hipoteca sobre un bien inmueble. Tal procedimiento era hasta tal punto privilegiado que, a diferencia de la ejecución ordinaria, no permitía ningún trámite incidental de oposición sino que la mera exhibición del título llevaba directamente a la realización del bien, sin la posibilidad que en el resto de títulos ejecutivos existía, de poder formular oposición, aunque fuera con causas tasadas y asumiendo el ejecutado la carga de la prueba del motivo de oposición que adujese, de modo que llegó incluso a cuestionarse su constitucionalidad por posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Tan enorme privilegio llevaba inevitablemente aparejado que el procedimiento tenía como objeto exclusivamente lo que el título amparaba y que su interpretación había de hacerse totalmente restrictiva, de modo que por vía de la ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria sólo podría realizarse la cantidad estrictamente garantizada por la hipoteca, capital, intereses y gastos, y hasta el valor del bien venía pactado para su posible subasta, de modo que no era necesaria la valoración pericial.
SEGUNDO.- En el presente caso, se trata de una ejecución hipotecaria de un préstamo de esta naturaleza, cuyo importe es ochenta y siete millones quinientas mil pesetas, sus intereses de cu
atro anualidades, importantes setenta y tres millones y de trece millones ciento veinticinco mil pesetas más para costas y gastos, según la escritura pública de 17 de febrero de 1.986. Con fecha 16 de septiembre de 1.988 se insta la ejecución, reclamándose 65.840.000 pesetas de capital, 20.702.400 pesetas de intereses y 9.876.000 pesetas estipuladas para costas y gastos. Por comparecencia ante el Juzgado de 16 de enero de 1990, se produce la subr

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