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Encuesta Jurídica. Abril 1999

SP/DOCT/925

¿Se puede rectificar errores materiales de la actualización en el siguiente requerimiento? ¿Es el proceso un acto único donde no se puede volver a discutir los datos básicos o se trata de un proceso que permite modificar los dato de otro periodo?

Coordinador: D. Jesús Marina Martinez-Pardo (Magistrado Tribunal Supremo, jubilado)

D. Javier Albar Garcia
Creo que habría que distinguir entre los puros errores aritméticos o de transcripción, que resultan evidentes de la propia notificación, y los que obedezcan a errores en los conceptos que componen lo que es la renta inicial -cantidades escrituradas, IPC aplicable, etc.- pues lo contrario atentaría a la seguridad jurídica. Tal consideración es aplicable al arrendador, pero entiendo que el arrendatario siempre puede cuestionar la elevación con base en errores ya que para ello está el procedimiento del artículo 39.4.
D. Eduardo Baena Ruiz
En principio entiendo que el proceso de actualización es un acto único donde no puede volver a discutirse los datos básicos, ya que estos son los que han permitido que el arrendatario consienta con la actualización propuesta en vez de mostrar su disconformidad, contestando en el plazo de treinta días por aplicación del art. 101.2.2 del T.R. de 1964, con lo que el arrendador se vería abocado a acudir al proceso verbal de determinar rentas e importes del art. 39.4.
Ahora bien, ello no empece para que en el requerimiento se haya podido incurrir en equivocaciones matemáticas, o lo que es lo mismo, en errores materiales, en cuyo caso se debe permitir su subsanación en el siguiente requerimiento en evitación de que el arrendatario obtenga ventajas o beneficios provenientes de simples errores materiales del arrendador. Ello no significa que este actúe en contra de la doctrina de los actos propios, pues para que así fuese sería preciso que tales actos carecieren de un vicio que los invaliden, lo que no sucede cuando media, como en este caso, un error invalidante del consentimiento del arrendador. En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Pontevedra en sentencia de 4 de diciembre de 1995.

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