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AP Cádiz, Sec. 8.ª, 219/2007, de 4 de octubre

SP/SENT/170733

Recurso 210/2007. Ponente: IGNACIO RODRIGUEZ BERMUDEZ DE CASTRO.

Inexistencia de consentimiento del arrendador al cambio del arrendatario, que no queda justificado por un documento tributario 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO-. El Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Jerez de la Frontera, dictó Sentencia el día treinta y uno de Enero de dos mil siete , cuyo Fallo literalmente dice, " Estimar la demanda presentada por la representación de D. Vicente, contra D. Fermín y DIRECCION000 C. B., y en su consecuencia declaro resuelto el contrato de arrendamiento rústico sobre la finca Dehesa de Cuellar en el pago de Cartelilla, condenado a la parte demandada a dejar libre el inmueble a disposición de la propiedad, con apercibimiento de lanzamiento de no verificarlo, condenando a la parte demandada al pago de las costas procesales ".
SEGUNDO-. Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de la parte demandada, y admitido el recurso, se dio traslado del mismo a la parte contraria, quien procedió a oponerse al mismo, y se elevaron las actuaciones a esta Sala.
TERCERO-. Recibidas las actuaciones, se le dio el trámite pertinente y se procedió a la deliberación, votación y fallo de la presente resolución.
CUARTO-. En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ DE CASTRO, quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO-. Se recurre la sentencia de instancia por la parte demandada, alegando en primer lugar falta de litisconsorcio pasivo necesario, entendiendo que se debería haber demandado al otro partícipe de la comunidad de bienes, DIRECCION000. Como señalaba, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1993 , "las comunidades de bienes regidas por los artículos 392 y siguientes del Código Civil , además de carecer de personalidad jurídica, no pueden comparecer ni ser demandadas en juicio, por cuanto que, aunque es cierto que al amparo del artículo 394 del Código Civil , cualquiera de los partícipes puede actuar en juicio cuando lo haga en beneficio de la comunidad, toda vez que la sentencia que en su favor recaiga aprovechará a todos los comuneros sin que les pueda perjudicar la adversa, no los es menos que es indudable que no puede ejercitarse contra ningún partícipe, que no tiene representación ni aprovechamiento de los demás integrantes, ninguna acción en contra de los derechos que a éstos correspondan en aquella, de modo que, tratándose de una pretensión deducida contra la comunidad, han de ser llamados al pleito la totalidad de sus componentes, por deducirse una petición que exige una resolución única que ha de afectar a todos ellos". A mayor abundamiento, el Tribunal Supremo advierte igualmente que " en atención a los principios generales de derecho que proclaman la veracidad de la cosa juzgada y la necesidad de que nadie sea condenado sin previa audiencia, no es arbitrio de el
egir el actor a los que han de venir al pleito como demandados, para lograr el éxito de las pretensiones que ejercite, debiendo convocar a todos cuantos estén vinculados, de forma inseparable, con los actos o negocios jurídicos en que aquellas se funden o puedan resultar directamente afectados por los pronunciamientos que haya de contener la decisión judicial que ponga fin al litigio" (Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1971 y 9

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