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AP Santa Cruz de Tenerife, Sec. 1.ª, 238/2002, de 13 de mayo

SP/SENT/39276

Recurso 64/2002. Ponente: EUGENIO SANTIAGO DOBARRO RAMOS.

Desahucio por falta de pago del IBI contrato anterior LAU 94 e imposibilidad de enervación al existir una anterior 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En los autos referidos del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Santa Cruz de Tenerife, por la ILMA. SRA MAGISTRADO -JUEZ DOÑA MARIA RAQUEL LEJANO GOMEZ, se ha dictado sentencia en fecha uno de octubre de dos mil uno, con el siguiente:
FALLO: " Que debo de desestimar la demanda interpuesta por la Procuradora DOÑA MARIA CORINA MELIAN CARRILLO en nombre de DON HERIBERTO ___ absolviendo a la demandada DOÑA JULIA ___ de las pretensiones instadas en su contra y con condena en costas al actor vencido.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 5 días a contar desde su notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
SEGUNDO.- Así, notificada la anterior sentencia por la parte demandante se preparo recurso y, por preparado, formuló la correspondiente apelación, evacuándose el traslado por la parte demandada, remitiéndose seguidamente lo actuado a esta Sección.
TERCERO.- Iniciada la alzada y seguidos todos sus trámites e instruidas las parte y el ponente se señaló día y hora para la votación y Fallo, que tuvo lugar el día siete de mayo de 2002.
CUARTO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON EUGENIO -SANTIAGO DOBARRO RAMOS.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por el actor apelante se solicita la revocación de la sentencia en base a lo ya alegado y, sustancialmente, que existió una primera enervación, que conocía el importe de los recibos de IBI que adeudaba y no los abonó.
SEGUNDO.- En lo referente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, debe de significarse que la Disposición Transitoria Segunda A).1. refiere que los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados antes del 9 de mayo de 1985 que subsistan a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, continúan rigiéndose por las normas relativas al inquilinato de la normativa del Texto Refundido de 1964, pero establece la salvedad respecto de las modificaciones que contiene en los apartados siguientes, y en el 10.2 se establece que el arrendador podrá exigir al arrendatario el total importe de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al inmueble arrendado. Por su parte la Disposición Transitoria Sexta, relativa a los procesos judiciales, establece que el Titulo V de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 será aplicable a los litigios relativos a los contratos de arrendamiento de finca urbana que subsistan a su entrada en vigor. Ello lleva necesariamente a la aplicación del artículo 39.3 de dicha ley que no establece una pauta de carácter general respecto de la acción de desahucio por falta de pago, sino que de modo concreto y específico dispone que "se tramitarán por el procedimiento establecido para el juicio de desahucio en los artículos 1.570
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil las demandas que se interpongan por precario, por extinción del plazo del arriendo o por resolución del mismo por falta de pago de las cantidades a que se refiere la causa primera del apartado 2 del artículo 27 de esta ley". Ello supone que en todo caso de desahucio por falta de pago el fundamento de la pretensión se encuentra en el artículo 27.2 a), que establece que el arrendador podrá resolver de

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