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AP Málaga, Sec. 4.ª, 371/2002, de 14 de mayo

SP/SENT/39458

Recurso 34/2002. Ponente: FLORENCIO DE MARCOS MADRUGA.

Aceptación tácita actualización al no haber manifestado nada ante el requerimiento 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 1/9/01, en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que desestimando como desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador D. Julio Mora Cañizares en nombre y representación de D. Carlos ___contra Doña María Luisa ___ representada por la Procuradora Doña Macarena Bonet Teixeira debo absolver y absuelvo a la referida demandada de todos los pedimentos contenidos en la demanda, y con expresa condena en costas al actor. .
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y Fallo ha tenido lugar el día 7/5/02 quedando visto para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo ponente el Ilmo.. Sr. Magistrado D. FLORENCIO DE MARCOS MADRUGA quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Funda la parte apelante su recurso en entender que procedería la acción de desahucio por impago de las rentas no habiendo formulado la demandada en tiempo oposición a la actualización instada conforme a la D.T. 2ª 11 LAU de 3 de noviembre de 1994, pues ante el requerimiento verificado por quien formula la impugnación la arrendataria no habría verificado manifestación alguna.
SEGUNDO: La oposición a que se refiere la Regla 6ª de la D.T. 2ª 11 LAU, de 3 de noviembre de 1994, tiene carácter de oposición radical a la aplicación de la actualización, no teniendo por fundamento más que la mera voluntad del arrendatario, oposición que ha de exteriorizarse de forma fehaciente en el plazo de treinta días naturales, siendo su efecto dual: por un lado que la renta que viniere abonando hasta ese momento, incrementada con las cantidades asimiladas a la renta, sólo se podría actualizar anualmente con la variación del IPC en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización; y por otro el efecto extintivo del contrato al cumplirse ocho años a partir de la fecha de la primera notificación. En definitiva, la Regla 6ª citada lo que recoge es una facultad de opción a favor de arrendatario que ha de ejercitar de forma fehaciente.
Sentada la anterior premisa, la oposición a la actualización por no ser la correcta, ya por improcedente por mor de la Regla 7ª, ya por ser inadecuada la cuantía, no se rige por el procedimiento de la Regla
6a, antes bien por el art. 101 de la LAU 1964, aplicable al arrendamiento sometido a consideración, conforme a la DT 1ª LAU 1994, precepto que exige también oposición expresa en el plazo de 30 días, art. 101.2.2ª Por lo tanto, la arrendataria, al no haber manifestado nada frente al requerimiento, aceptó tácitamente la actualización, por lo que debería haber atendido el pago del importe de la renta así fijado. Y en cierta f

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