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AP Pontevedra, Sec. 5.ª, 153/2003, de 3 de marzo

SP/SENT/47375

Recurso 3028/2002. Ponente: INMACULADA DE MARTIN VELAZQUEZ.

Obligación arrendatario de poner en posesión no siendo suficiente depositar las llaves en buzón 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 9 de VIGO , por el mismo se dictó sentencia con fecha 23 de abril de 2002 , cuyo fallo textualmente dice:
"Que estimando parcialmente las pretensiones de la parte actora, debo condenar y condeno a Aurelio y a Begoña , a pagar solidariamente a María Inés la cantidad de 2341,21 euros más el interés legal del dinero desde la presentación de la demanda, sin especial pronunciamiento en cuanto a costas".
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por María Inés se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación del mismo el pasado día 3 de marzo de 2003, en que ha tenido lugar lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Visto , siendo Ponente el Ilmo. Sr/Sra. D/DÑA INMACULADA DE MARTIN VELAZQUEZ, quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La actora y la codemandada Dª Begoña suscribieron el 1 de Enero de 1996 un contrato de arrendamiento de la vivienda NUM003 NUM004 del núm NUM005 de la DIRECCION001 de Vigo.
En el mes de Septiembre de 1999 la actora interpuso juicio de desahucio por falta de pago de las rentas recayendo sentencia estimatoria con fecha 15 de noviembre de 1999,practicándose la diligencia de lanzamiento el 26 de Abril de 2000.
En la demanda rectora de la presente litis se reclaman por la actora las anualidades pendientes de pago, febrero, marzo, abril, Mayo, Junio, Julio y octubre de 1998, julio, agosto de 1999 y siguientes hasta la fecha del lanzamiento así como los recibos correspondientes al suministro de agua de los meses de Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 1999 y la correspondiente a los meses de Febrero y Abril de 2000.
Por la demandada se alegó que desconocía la existencia del juicio de desahucio el cual en todo caso fue improcedente ya que en Abril de 1999 comunicó telefónicamente su solicitud de resolver el contrato acogiéndose a la cláusula tercera del mismo remitiéndole posteriormente carta certificada con acuse de recibo.
En cuanto a las rentas reclamadas y correspondientes al año 1998 dice que ya fueron abonadas adjuntando con la contestación los correspondientes justificantes de abonos. Respecto al resto de rentas reclamadas tampoco las adeuda al estar extinguido e
l contrato desde el mes de Abril de 1999, razón por la que tampoco procederían las cantidades reclamadas por el suministro de agua. La sentencia de instancia tras valorar una serie de indicios dio por probada la notificación de la resolución del contrato por lo que la obligación de pago se limita a las rentas y cantidades asimiladas devengadas hasta las dos mensualidades siguientes a la notificación es decir hasta

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