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AP Barcelona, Sec. 4.ª, 842/2003, de 28 de noviembre

SP/SENT/52645

Recurso 264/2003. Ponente: MIREIA RIOS ENRICH.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando en su totalidad la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª. DOLORS JAVIER GONZÁLEZ, actuando en nombre y con la representación INMOBILIARIA CERUSA S.A., contra la entidad CANPLAST, S.L., declarada en rebeldía, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento del local de negocio sito en Mataró, calle Moreto, nº 1, dando lugar al desahucio y condenando a la arrendataria a desalojar dicho local, dejándolo libre, vacuo y expedito y a disposición de la parte actora en el plazo legal, bajo apercibimiento de que en caso de no efectuarlo así, se procederá a su lanzamiento. Todo ello haciendo expresa condena de las costas causadas a la parte demandada."
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 13 de noviembre de 2003.
CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. MIREIA RIOS ENRICH.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Uno de los presupuestos especiales de admisibilidad de los recursos, aplicable a aquellos procesos arrendaticios en los cuales la sentencia estimatoria lleva aparejado el lanzamiento del arrendatario demandado, es la acreditación por escrito del locatario recurrente de tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas (art. 449.1 L.E.C. 2000), siendo por ello esta acreditación exigible en todos los supuestos en los que se ejercite la acción resolutoria del contrato, con independencia de que la causa invocada sea o no la falta de pago de la renta.
Aunque cabe la subsanación del defecto cometido por la omisión del expresado requisito legal, de acuerdo con lo prevenido en el citado artículo 449.6, en relación con el artículo 231 de la L.E.C., siempre que el obligado haya manifestado su voluntad de cumplir tal exigencia, esta posibilidad de sanación ha de ser interpretada a la luz de la doctrina constitucional sobre la materia, conforme a la cual hay que distinguir entre la falta de pago o consignación en el momento oportuno, que constituye un defecto insubsanable, y la falta de acreditación de dichos actos que admite subsanación (SS.TC. 21 febrero 1989, 2 julio, 14 septiembre 1992, 28 junio 1993 y 20 junio 1995), de manera que, si bien cabe subsanar la falta de acreditación documental del cumplimiento en plazo del requisito expresado, no es posible sanación alguna cuando la consignación o el pago no se ha hecho tempestivam
ente o se ha realizado en cuantía insuficiente, según tiene declarado también esta Sala (SS. 6 marzo 1990 , 1 febrero 1993 y 28 junio 1996 ).Por otro lado, el momento procesal adecuado para el examen de los presupuestos de admisibilidad del recurso, que corresponde hacer de oficio y en todo caso al juzgador de la primera instancia, sin perjuicio de las facultades que en definitiva corresponden al tribunal de apelac

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