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AP Badajoz, Sec. 2.ª, 365/2011, de 29 de noviembre

SP/SENT/655265

Recurso 402/2011. Ponente: CARLOS JESUS CARAPETO Y MARQUEZ DE PRADO.

Desahucio por falta de pago de sucesivas mensualidades de renta adeudadas por el arrendatario del local que debe desalojarlo 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La actora solicitó en su demanda que en su día se dicte sentencia en la que:
1º Declare resulto por falta de pago de las rentas pendientes, el contrato de arrendamiento existente entre demandante y demandada respecto del local descrito en el hecho segundo de la demanda.
2º Condene a la demandada a estar y pasar por este pronunciamiento, acordando el desahucio del arrendatario con apercibimiento de lanzamiento si no desaloja la finca voluntariamente, dejándola libre y expedita a disposición de la parte actora.
3º Condene a la demanda a que abone a la actora la suma de 14.128,58 € en concepto de rentas adeudadas y gastos que corresponden al arrendatario a fecha de interposición de demanda, cantidades que devengarán el interés legal del dinero desde la interposición de la demanda.
4º Se condene a la demanda a satisfacer las rentas debidas que devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda, desde enero del 2011, inclusive, hasta la entrega efectiva de la finca arrendada, a razón de 789,65 € mensuales.
5º Sean impuestas las costas del presente procedimiento a la demanda."
Tercero.- Ahora se alza el apelante interesando la revocación de la resolución dictada en la instacia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero-. En el presente caso la recurrente pretende la revocación de la Sentencia impugnada y que se dicte otra en la que se desestime íntegramente la demanda.
Alega en esencia que la sentencia recurrida ignora la prueba practicada a instancias de la demandada y los términos en que se acordó el contrato.
Segundo-. Por su parte, el apelado sostiene que la sentencia recurrida debe ser confirmada por sus propios fundamentos.
Tercero-. Es cierto que la sentencia no menciona como eficaz la prueba practicada a instancias de la demandada, pero ello sólo implica que la misma no ha tenido influencia alguna en la formación de la convicción adquirida por el juzgador de instancia al valorar el conjunto de la prueba practicada. Y ello debe ser así, por qué la realidad es que la prueba documental que recoge la declaración de don Luis Miguel - reafirmado en su contenido por la declaración judicial del representante legal de Mediprex SA, en el decir del recurrente- carece de valor ninguno en tanto no se acredite fehacientemente que la comunicación a que se refiere fue recibida por la parte interesada, la arrendadora hoy apelada, y esta acreditación no se ha producido por qué ninguna forma se justifica suficientemente que la misma tuvo lugar durante una conversación personal entre los contratantes, porque la prueba aludida viene avalada por quienes tienen interés directo o son partes en el procedimiento

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