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AP Alicante, Sec. 5.ª, 449/2011, de 30 de noviembre

SP/SENT/659115

Recurso 491/2011. Ponente: JOSE LUIS UBEDA MULERO.

Desahucio por precario de la sociedad ocupante del local carece de título alguno para la ocupación del mismo y no satisface cantidad alguna que pueda tener la consideración de renta  
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alicante, en los autos de juicio Verbal nº 1756/09, se dictó en fecha 30 de septiembre de 2010 sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"Que desestimo íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Don Enrique de la Cruz Lledó en nombre y representación de Don Geronimo contra la mercantil Gilabert Abogados S.L., estimando la excepción alegada por ésta última de inadecuación de procedimiento.
Condenando a la referida demandante al pago de las costas procesales causadas en la presente instancia."
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpusieron sendos recursos de apelación ambas partes, habiéndose tramitado los mismos por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma introducida por la Ley 1/2000, elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente Rollo de apelación número 491-A/11, señalándose para votación y fallo el pasado día 30 de noviembre de 2011, en que tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En la demanda que inició el procedimiento de juicio verbal seguido ante el Juzgado se ejercitaba acción de desahucio por precario de un local destinado a oficinas, y alegadas por la demandada excepciones de inadecuación de procedimiento, falta de legitimación activa y pasiva y litisconsorcio pasivo necesario, además de oponerse sobre el fondo del asunto litigioso, la sentencia de instancia, como puede verse en el correspondiente antecedente fáctico de la presente, acoge la primera de las excepciones y desestima íntegramente la demanda. Frente a ella interponen recurso de apelación ambos litigantes: el actor solicitando la total estimación de sus iniciales pretensiones y subsidiariamente combate la imposición que se le hace de las costas procesales; y el demandado pretendiendo modificar el razonamiento jurídico de la resolución, como después se verá.
SEGUNDO.- De entrada, este Tribunal no puede compartir la conclusión judicial acerca de la excepción de inadecuación de procedimiento. En primer lugar porque, en buena técnica procesal, su estimación impide la desestimación de la demanda, y provoca una absolución en la instancia y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio del derecho de la parte a volver a deducir su pretensión en forma, como se dice en nuestra sentencia de 5 de mayo de 2005, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la de 2 de diciembre de 1994.
En segundo lugar, tampoco podría aceptarse la solución judic
ial de primera instancia en caso de que obedeciera a entender que existiendo entre las partes otro tipo de relaciones distintas al arrendamiento, en precario en el caso, nos encontramos ante una cuestión compleja que debe dilucidarse por otro cauce procesal distinto al del juicio verbal. Esto no es admisible en virtud del reiterado criterio que se expone en las sentencias de esta misma Sección de 23 de abril y 2 de junio de 2004 , citadas por la

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