CARGANDO...

AP León, Sec. 2.ª, 26/2012, de 23 de enero

SP/SENT/663411

Recurso 544/2011. Ponente: MARIA DEL PILAR ROBLES GARCIA.

De lo estipulado en el contrato no se derivan otras obligaciones para el demandado de proceder a la compra de unos terrenos para el actor, sin que se le pueda reclamar la necesidad de realizar obras para poder llevar a cabo la urbanización 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado expresado al margen, se dictó sentencia en los referidos autos, con fecha 16 de mayo de 2011 , cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "FALLO: Que estimando la demanda presentada por la Procuradora Sra. Fernández Rodilla en nombre y representación de D. Geronimo contra la entidad mercantil Arague Corporación Técnica S.L., debo condenar y condeno a la demandada se condene al pago de la cantidad de 120.049,20 € con sus correspondientes intereses, así como a transmitir a mi mandante la propiedad de los inmuebles titularidad de la demandada valorados en el importe de 280.114,80 € condenando asimismo a la demandada al pago de las costas " .
SEGUNDO.- Contra la relacionada sentencia, se interpuso por la parte demandada recurso de apelación ante el Juzgado, y dado traslado a la contra parte, por ésta se presentó escrito de oposición, remitiéndose las actuaciones a esta Sala y señalándose para la deliberación, el día 18 de enero actual.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. .- Se impugna la sentencia de instancia que estima la demanda y condena a la entidad mercantil apelante, a abonar al actor la cantidad de 120.049,20 euros más intereses, así como a transmitir al mismo la propiedad de los inmuebles titularidad de la demandada valorados en el importe de 280.114,80 euros, invocando como motivo del recurso error en la valoración de la prueba, compensación de deudas y pluspetición en la cantidad del 70%.
A dicha pretensión se vino a oponer la parte contraria quien interesa la desestimación del recurso de apelación con imposición de costas a la parte recurrente.
SEGUNDO.- Cuando se invoca error en la valoración probatoria, la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que aquella aparece suficientemente expresada en la resolución recurrida y que no adolece de error, arbitrariedad, insuficiencia, incongruencia o contradicción. Señalando en este sentido la STS de 23 de septiembre de 1996 , que la valoración de la prueba es facultad de los tribunales, sustraída a los litigantes, a quienes les corresponde aportar las pruebas que la normativa legal autoriza -principio dispositivo y de rogación-, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores.
A ello debe añadirse que el juzgador que recibe la prueba puede valorarla libremente, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión,
pero quedando reducida la alzada a verificar la legalidad en la producción de las pruebas, la observancia de los principios rectores de su carga, y si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de forma arbitraria o si, por el contrario, la apreciación conjunta del mismo es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.Del acuerdo alegado por la apel

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