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AP Málaga, Sec. 4.ª, 485/2013, de 25 de septiembre

SP/SENT/743812

Recurso 269/2012. Ponente: JOAQUIN IGNACIO DELGADO BAENA.

Compensación entre la obligación del arrendatario de pagar rentas y la del arrendador de restituir fianza 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 5 de julio de 2011, en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: "ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la procurada Dª. Ana Rodríguez Castilla, en nombre y representación de D. Estanislao, contra la entidad ARRENDAMIENTOS DURAN GIL SL, y en su virtud, CONDENAR a la parte demandada al pago de la suma de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200), más los intereses legales de tal cantidad desde la fecha de interposición de la demanda, así como al pago de las costas procesales."
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia, quedando pendiente de dictar resolución.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente el/la Ilmo./a Sr./Sra. Magistrado/a D./Dña. JOAQUIN DELGADO BAENA quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO : Por la representación procesal de la entidad Mercantil Arrendamientos Duran Gil S.L., que comparece en calidad de apelante, se alega que ha existido error en la valoración de la prueba y vulneración de lo dispuesto en el artículo 36 de la LAU, adeudando cantidades el arrendatario que deben ser compensadas, con la cantidad entregada como fianza. Por todo lo expuesto solicita la revocación de la resolución recurrida y el dictado de otra sentencia por la que se desestime integramente la demanda.
SEGUNDO : Una vez analizadas las alegaciones de la parte recurrente habrá que tener en cuenta que, según se recoge en la sentencia de la A.P. de Madrid de fecha 28 de abril de 2010 : La fianza, contemplada en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1.994 , responde de los posibles daños y perjuicios derivados del incumplimiento de los pactos acordados y el arrendatario arriesga su fianza por los desperfectos que se hubieran producido. La fianza, como apunta la STS de 22 de diciembre de 2003 , no es más que una garantía del cumplimiento de las obligaciones del arrendatario semejante a la prenda irregular, que responde de la obligación principal de devolver la cosa incólume por el arrendatario, correlativa con el derecho del arrendador de exigir que lo sea en buen estado. El artículo 36.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece la obligación de reintegro de la fianza a la extinción del arriendo, y el objeto de tal restitución es, según
el citado precepto el "saldo de la fianza en metálico" que corresponda, regulación de este reintegro en la nueva ley que ha llevado a la más autorizada doctrina a estimar que el legislador -superando en este punto el problema planteado con la regulación de la fianza en la legislación precedente y que había llevado a un amplio sector doctrinal y judicial a estimar que el arrendador no podía unilateralmente aplicarla al pago de lo que estim

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