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AP Pontevedra, Sec. 3.ª, 303/2014, de 15 de octubre

SP/SENT/793723

Recurso 272/2014. Ponente: FRANCISCO JAVIER ROMERO COSTAS.

No hay incumplimiento de la arrendataria fundado en la falta de facilitación de documentos de ventas para fijación de la Renta que permita a la arrendadora ejecutal el aval sino, en su caso, resolver el contrato por lo que se deberá reintegrarse 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tui, se dictó sentencia de fecha 19 de febrero de 2014 , cuya parte dispositiva, dice: "FALLO: Estimo íntegramente la demanda presentada por la procuradora Duque Sierra en nombre de "García Barros Beatriz S.L.N.E.", frente a "DG Center Atlántico, S.L.",. y le condeno a abonarle la suma de 25.652,16 euros, más sus intereses legales desde la presentación de la demanda, más las costas del procedimiento.".
SEGUNDO .- Contra mencionada resolución interpuso la parte demandada el presente recurso de apelación que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; se elevaron los autos, correspondiendo a este Tribunal su resolución, dando lugar a la formación del presente rollo, no habiéndose celebrado vista pública ni práctica de prueba, quedó el procedimiento para votación y fallo.
TERCERO .- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de carácter legal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna la resolución de la instancia por la representación de la parte demandada cuestionando largamente la decisión estimatoria alcanzada en la misma al considerar que incurre en error en la valoración de la prueba sobre los hechos concurrentes en la situación jurídica analizada, por un lado, y, por otro, al entender también equivocado el análisis e interpretación del contenido y estipulaciones recogidas en el vínculo arrendaticio en su momento subsistente entre las partes. A tales planteamientos se opone la actora en el traslado evacuado a tal fin en su momento en la instancia.
SEGUNDO.- Lo primero que hemos de advertir es que no nos encontramos en la discusión de la naturaleza jurídica del aval a primer requerimiento, en su momento ejecutado por la demandada, pues no se desconoce su carácter autónomo, independiente, distinto y no accesorio de la obligación principal garantizada, sino que nos movemos en el ámbito de la confrontación sobre la relación contractual principal, Contrato de Arrendamiento de 5 de Abril de 2011, en orden a si se han producido los incumplimientos denunciados por la arrendadora beneficiaria del aval y, en su caso, la procedencia de su realización en su total importe. No cabe duda de que las partes pueden conforme al Art. 1255 CC establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público, y, en el ámbito de arrendamientos urbanos nada impide el que pue
dan acordarse o estipularse garantías mas allá de la fianza en cuanto al cumplimiento de las obligaciones arrendaticias ( Art. 36.5 LAU 1994 ). Y ésto fué lo que así se hizo a medio de la Estipulación 6ª en la que Doña Socorro se constituyó como avalista solidaria de la arrendataria, entregando a tal fin o pignorando un Aval Solidario a Primer Requerimiento, por un importe "máximo" de 25.652'16€, pagadero por la entidad bancaria

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