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AP Valencia, Sec. 6.ª, 128/2015, de 12 de mayo

SP/SENT/833291

Recurso 129/2015. Ponente: VICENTE ORTEGA LLORCA.

Habiendo manifestado el arrendatario por burofax que dejaba la finca y la entregaba a la propiedad desde la fecha de recepción pudo recuperar la posesión sin que continúen devengándose rentas con posterioridad 
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Pactado que la fianza se destinaba al cumplimiento del arrendamiento y a la devolución de la vivienda y mobiliario como se entregó debió reintegrarse al mes del desalojo correspondiendo la compensación con el importe de la deuda arrendaticia 
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Pactado que la fianza se destinaba al cumplimiento del arrendamiento y a la devolución de la vivienda y mobiliario como se entregó debió reintegrarse al mes del desalojo correspondiendo la compensación con el importe de la deuda arrendaticia
"... CUARTO.- En el caso sometido a nuestra decisión, fijada la fianza en la cantidad de 640 euros, la cláusula novena del contrato de arrendamiento previó que quedaba "afecta al cumplimiento del presente contrato y a la devolución de la vivienda y su mobiliario, a la extinción del contrato, en las mismas condiciones en que la recibe" (folio 9 vuelto). Por ello, y conforme a lo dispuesto por el art. 36.4º LAU , cumplido un mes desde el desalojo de la vivienda en octubre de 2012, cesó el derecho de retención de esa fianza por la arrendadora y procede su devolución al arrendatario, de manera que, compensando las deudas existentes entre las partes, el arrendatario deberá abonar a la arrendadora 1.446Ž55 euros (2.086Ž55 - 640 = 1.446Ž55).
..."
La estimación parcial de la demanda y a oposición no temeraria de la parte demandada implican que no se efectúe imposición de la costas procesales
"... QUINTO.-Costas de la primera instancia.
El segundo motivo del recurso del arrendatario impugna que se le impusiera las costas de la primera instancia.
Conforme al artículo 394.1 LEC , el primer criterio para imponer las costas es el del vencimiento, y si no se da éste, por estimar en parte las pretensiones de los litigantes, sólo cabe imponerlas quien hubiera litigado con temeridad.
Una copiosa jurisprudencia perfectamente extrapolable a este supuesto enseña, en una línea uniforme, que la apreciación de la existencia o no de mala fe o temeridad en los litigantes, salvo en los supuestos de excepción expresamente previstos en la Ley, no está sometida a preceptos específicos o de doctrina legal que pueda decirse que gobiernan la cuestión, sino que está confiada al discrecional y prudente arbitrio del Juzgador [ SS. de 27 octubre 1950 , 20 octubre 1951 , 24 enero 1952 , 12 junio y 22 octubre 1954 , 4 marzo 1959 , 24 enero 1963 , 17 marzo 1966 , 6 marzo y 19 octubre 1967 , 20 diciembre 1968 , 6 mayo 1969 , 21 abril 1975 , 30 octubre 1976 , 25 noviembre 1978 y 11 10 1982]. Desde esta perspectiva de prudente valoración, es claro que el fundamento subjetivo de la temeridad o mala fe procesal es la injusta posición de aquél que, sin razón alguna, obliga a la otra parte a acudir a los tribunales para hacer efectivo su derecho o, sin fundamento ninguno, se opone totalmente a las pretensiones de la demanda («los
que se defienden contra otro non habiendo razón derecha porqué lo deban fazer', según dijera la Ley 8.ª, título 22, de la Partida III).En el caso estudiado no nos parece que la oposición de la parte demandada fuera temeraria, pues estuvo apoyada en razonamientos jurídicos serios, que avalaban su postura, lo que junto a la estimación sólo parcial de la demanda justifica que, conforme a lo dispuesto por el artíc

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