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Juzgado de lo Mercantil Vigo, n.º 3, 116/2016, de 7 de abril

SP/SENT/857817

Recurso 70/2015. Ponente: SERGIO BURGUILLO POZO.

El acuerdo del Consejo Rector sobre la calificación y efectos de la baja voluntaria del actor en la Cooperativa es de hace más de dos meses, estando la acción de impugnación del mismo caducada 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Por el Procurador Sr. Gil Tranchez se interpuso con fecha dos de marzo de dos mil quince demanda de juicio ordinario contra el demandado arriba circunstanciado en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se declarasen nulos los acuerdos impugnados, declarando la baja como cooperativista en MONTE ALBA S COOP GALLEGA de doña Remedios como baja justificada con todos los efectos favorables inherentes a tal calificación como justificada, incluida la devolución íntegra de lo aportado y con expresa imposición de costas.
SEGUNDO - Se emplazó al demandado para comparecer y contestar, habiendo comparecido la demandada oponiéndose y solicitando la desestimación de la demanda. Se convocó a las partes para el acto de la audiencia previa que fue celebrado con fecha veintiuno de octubre de dos mil quince y señalándose para juicio el día cuatro de abril de dos mil dieciséis, y practicándose la prueba propuesta y admitida con el resultado que obra en autos, quedaron los autos pendientes de sentencia.
TERCERO - En el presente juicio se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Ejercita el demandante acción tendente al reembolso de la cantidad aportada en su día a la cooperativa, habiéndose negado la cooperativa con los argumentos que obran en actuaciones.
SEGUNDO - En primer lugar hemos de referirnos a la caducidad de la acción de impugnación de acuerdos adoptados por el consejo rector por presentación extemporánea.
En materia de caducidad es cierto que, en la perspectiva del derecho de acceso a la jurisdicción, debe seguirse la postura más flexible porque el principio "pro actione" exige: a) evitar interpretaciones y aplicaciones de los presupuestos procesales establecidos legalmente para el acceso a la justicia que eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho del justiciable a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida (SSTC 12/03, de 28 de enero; 59/03, de 24 de marzo ; 168/03, de 29 de septiembre ; 179/03, de 12 de octubre ; 72/04, 8 de abril ; 134/05, de 23 de marzo ...); y b) eludir cualquier interpretación o aplicación de los requisitos procesales que sea rigorista o excesivamente formalista o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines pretendidos por la norma y los intereses que se sacrifican, y que se conviertan en meros obstáculos procesales impeditivos de la tutuela judicial efectiva que garantiza el art. 24 CE ( SSTC 58/03 ).

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