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AP Pontevedra, Sec. 1.ª, 318/2006, de 2 de junio

SP/SENT/94668

Recurso 289/2006. Ponente: MARIA BEGOÑA RODRIGUEZ GONZALEZ.

Informe pericial que demuestra la firma del demandado en calidad de fiador en el contrato prestando su consentimiento 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Porriño, con fecha 29 diciembre 2005, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:
"Que Debo Estimar y Estimo Íntegramente, la demanda interpuesta por el Sr. procurador D. Manuel Carlos Diz Guedes, en nombre y representación de D. Santiago, bajo la dirección letrada de D. José González Lojo, contra D. Agustín, condenando a éste a abonar al demandante la cantidad de 3.257,87 euros, cantidad que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de interpelación judicial, esto es, desde el 10 de Octubre de 2003, hasta la fecha de esta Sentencia, y desde la fecha de esta Sentencia, hasta su completo pago, devengará el interés del artículo 576 LEC/2000, y todo ello, con expresa imposición de costas al demandado.".
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por D. Agustín, se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala y se señaló el día uno de junio para la deliberación de este recurso.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En virtud del precedente Recurso por el apelante D. Agustín se pretende la revocación de la Sentencia condenatoria dictada en los autos de Juicio Ordinario nº 12/05 por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de O Porriño sobre reclamación de las rentas adeudadas al actor en calidad de fiador de la arrendataria alegando nulidad de actuaciones porque se le ha causado indefensión puesto que no se le permitió revisar con la antelación suficiente el dictamen pericial, error en la valoración de la prueba documental del contrato de arrendamiento en que se sustenta la demanda; inexistencia de la deuda no se adeuda el IBI porque el piso se devolvió en mayo del año 2003, de estimarse parcialmente la demanda no se le impondrían las costas.
D. Santiago se opone al recurso alegando que el informe del perito calígrafo no tuvo acceso al proceso como dictamen aportado por las partes después de los escritos de demanda y contestación sino como prueba pericial practicada reglamentariamente dentro del proceso (Art. 339) por lo que carecen de consideración las alegaciones de contrario. El contrato de arrendamiento no fue redactado por un técnico en derecho pero no hay duda de que el demandado se constituyó en fiador de la inquilina resultando evasivas las respuestas del demandado. Por lo demás solicita la confirmación de la sentencia de instancia.
SEGUNDO.- Como señalan los arts. 225.3 de la LEC y 238.3 de la LOPJ procederá la nulidad de actuaciones: "cuand
o se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión". Pues bien, a los efectos de la obtención de una declaración de tal clase, es necesario que concurran sendos requisitos. En primer lugar, que se haya vulnerado una norma esencial del procedimiento, y que, a consecuencia de ello, se haya producido indefensión; más por mucho que procedemos al análisis del presente juicio verbal no

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