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Consulta DGT V0390-05, de 10 de marzo de 2005. Vinculante

SP/DGT/2718

Es admisible dichas aportaciones para materializar la RIC de los socios.

SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas

Normativa
Ley 19/1994 Art. 27.4
Descripción
Los socios de la cooperativa consultante materializarán sus reservas para inversiones en Canarias (RIC) mediante la realización de aportaciones obligatorias y voluntarias a la misma, las cuales se destinarán a la adquisición de activos fijos nuevos por parte de la cooperativa.
Cuestión
Es admisible dichas aportaciones para materializar la RIC de los socios.
Contestación
Los apartados 4 y 5 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, según redacción por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establecen que:"4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma, en la realización de alguna de las siguientes inversiones: a) La adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario, utilizados en el mismo y necesarios para el desarrollo de actividades empresariales del sujeto pasivo o que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario. A tal efecto se entenderán situados y utilizados en el archipiélago las aeronaves que tengan su base en Canarias y los buques con pabellón español y matriculados en Canarias, incluidos los inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.Se considerarán como adquisición de activo fijo las inversiones realizadas por arrendatarios en inmuebles, cuando el arrendamiento tenga una duración mínima de cinco años, y las inversiones destinadas a la rehabilitación de un activo fijo si, en ambos casos, cumplen los requisitos contables para ser consideradas como activo fijo para el inversor.A los efectos de este apartado, se entenderán situados o recibidos en el archipiélago canario las con
cesiones administrativas de uso de bienes de dominio público radicados en Canarias, las concesiones administrativas de prestación de servicios públicos que se desarrollen exclusivamente en el archipiélago, así como las aplicaciones informáticas, y los derechos de propiedad industrial, que no sean meros signos distintivos del sujeto pasivo o de sus productos, y que vayan a aplicarse exclusivamente en procesos productivos o actividades comerciales

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