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Consulta DGT 0393-99, de 24 de marzo de 1999

SP/DGT/5446

Obligación de presentar la Declaración Anual de operaciones con Terceras Personas por parte de dicha entidad.

SG de Tributos

Normativa
RD 2027/1995 art 3-2
Descripción
La entidad consultante tiene reconocido el carácter de "Entidad o Establecimiento de carácter social".
Cuestión
Obligación de presentar la Declaración Anual de operaciones con Terceras Personas por parte de dicha entidad.
Contestación
En el escrito de consulta no se especifican las actividades que desarrolla la entidad consultante, señalando únicamente que ha obtenido el reconocimiento de "Entidad de Carácter Social". Por tanto, partimos de la base de que algunas de sus actividades están sujetas pero exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido y otras no exentas del mismo. Se plantea en el escrito recibido si la entidad consultante debe presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, regulada en el Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, y, en tal caso, cuál debe ser el contenido de dicha declaración. En primer lugar, debe señalarse que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2027/1995, la entidad consultante se encuentra entre los sujetos obligados a presentar esta declaración. En relación con el contenido de la declaración, el artículo 3 del Real Decreto, en su apartado 1, establece que deben relacionarse en la declaración las personas o entidades con quienes se hayan efectuado operaciones que, en su conjunto y para cada una de ellas, superen la cifra de 500.000 pesetas, incluyendo tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos, e incluyendo tanto las operaciones sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido como las no sujetas y las exentas del mismo. No obstante, el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 2027/1995 relaciona una serie de operaciones excluidas del deber de declaración. Entre ellas, la letra a) de este apa
rtado 2 se refiere a aquellas operaciones que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura o documento equivalente. Cabe señalar que dicho deber de facturación se regula en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, cuyo artículo 2º.2.b) excepciona de dicho deber las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo establecido

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