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AP Madrid, Sec. 27.ª, 784/2018, de 31 de mayo

SP/AUTRJ/966115

Recurso 864/2018. Ponente: MARIA TARDON OLMOS.

La orden de protección es correcta; de la declaración de la víctima, corroborada, se sustenta la imputación de hostigamiento por vía telefónica y seguimientos a su domicilio y lugar de trabajo; hay riesgo medio de reiteración 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Letrado Don Andrés Fernández Hernanz, en nombre y defensa de Don Fabio , se interpuso recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 6 de Madrid de fecha once de marzo de dos mil dieciocho en las Diligencias Previas 213/2018, en el que se acuerda adoptar orden de protección en favor de Dª. María Milagros frente al recurrente, remitiéndose a esta Sala testimonio de particulares con la documentación adjunta necesaria para dictar la presente resolución.
SEGUNDO.- El día veintitrés de abril de dos mil dieciocho se celebró la correspondiente deliberación, quedando entonces el recurso pendiente de resolución.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Tardón Olmos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Impugna el apelante el Auto por el que el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer otorga a la denunciante, D. ª María Milagros , la orden de protección por ella solicitada contra él, alegando que las declaraciones de la denunciante no constituyen una situación objetiva de riesgo que justifique acordar una medida cautelar restrictiva de sus derechos, teniendo en cuenta que no existen otros daos que corroboren su versión de los hechos.
El art. 544 ter. 1 LECrim ) establece que: «El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2 del Código Penal , resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo»
Constituyen, por tanto, presupuestos para la adopción de las medidas de protección los siguientes: 1) existencia de indicios fundados de la comisión de un delito o falta reseñados en el precepto penal; 2) que la víctima sea alguna de las personas relacionadas en el art. 173.2 del Código Penal ; y 3) la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima.
La valoración de la concurrencia de tales requisitos ha de enmarcarse, necesariamente, en el
juicio de inferencia indiciaria propio de la fase procesal en que se encuentra la presente causa. En este sentido, conviene recordar lo señalado por la STS de 29-3-1999 (RJ 1999\3783), en relación al auto de procesamiento, de que el indicio o los indicios racionales de criminalidad que justifican su adopción equivalen a un acto de inculpación formal adoptado por el Juez Instructor exteriorizador de un juicio de probabilidad a la vista del result

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