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TS, Sala Segunda, de lo Penal, de 26 de julio de 2018

SP/AUTRJ/966580

Recurso 20907/2017. Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ.

No existe cobertura legal para convertir la prisión preventiva, fuera de los presupuestos legales, en una estancia domiciliaria con medidas complementarias de vigilancia policial 
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ANTECEDENTES DE HECHO
1. - Con fecha 16 de julio del corriente año tuvieron entrada en el registro de esta Sala distintos escritos presentados por las respectivas representaciones legales de los Sres. Carlos Francisco , Jose Enrique , Carlos Ramón , Rodolfo , Eutimio y Fidel .
El día 17 de julio fueron registrados los escritos aportados por las representaciones legales de los Sres. Torcuato y las Sras. Matilde y Araceli .
En todos ellos, las defensas interesan la libertad provisional de los procesados, en atención a los argumentos que se hacen constar en los respectivos escritos.
Con fecha 20 de julio la representación legal de los Sres. Jose Enrique , Carlos Ramón y Rodolfo aportó escrito ampliatorio a la vista de la retirada de las órdenes de detención europea que había sido acordada por el instructor.
2.- Mediante escrito de fecha 19 de julio de 2018, el Fiscal se opuso a las peticiones interesadas. Con la misma fecha, la acusación particular interesó la denegación de la libertad solicitada. La Abogacía del Estado se sumó al rechazo en escrito de fecha 23 de julio, indicando las razones que, a su juicio, conducían a la desestimación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Las medidas cautelares que son cuestionadas por la representación legal de los procesados fueron acordadas por el Excmo. Sr. Magistrado de esta Sala designado como instructor de la presente causa. Su finalidad no es otra que la de garantizar la presencia de los procesados en el juicio oral. Así se expresa con claridad en el art. 299 de la LECrim , que incluye entre los objetivos del sumario el aseguramiento de las personas de los procesados, dictando a tal efecto las resoluciones que excluyan el riesgo de desatención al llamamiento judicial cuando aquéllos sean citados para el juicio oral.
Las medidas cautelares dictadas por el Magistrado instructor han sido confirmadas por la Sala de Recursos, llamada a conocer de las impugnaciones contra las resoluciones interlocutorias acordadas durante la fase de investigación.
La Sala constituida ahora como órgano de enjuiciamiento no ha tomado contacto con las diligencias practicadas durante la instrucción. Tampoco ha intervenido en la resolución de los recursos de apelación promovidos por las defensas frente a las medidas cautelares privativas de libertad que el instructor ha considerado necesarias.
La vigencia de la medida cautelar de prisión que afecta a los recurrentes podría quedar excluida por la acreditación de alguna circunstancia sobrevenida que no haya sido contemplada por el instructor ni por la Sala de Recursos que ha avalado sus decisiones. Sería indi
spensable, además, que ese hecho hasta ahora ignorado presentara una estrecha conexión con los presupuestos que justifican la prisión preventiva, cuya concurrencia ha sido apreciada hasta ahora por ambas instancias.La existencia de una línea argumental compartida por las distintas defensas autoriza un tratamiento conjunto de los escritos presentados. Todo ello, claro es, sin perjuicio del análisis concreto de algun

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