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AP Pontevedra, Vigo, Sec. 5.ª, 198/2018, de 7 de marzo

SP/AUTRJ/966598

Recurso 829/2017. Ponente: MARIA BELEN RUBIDO DE LA TORRE.

Los encausados carecen de un seguro de accidentes que cubra la cobertura del concreto siniestro laboral que se está considerando como presunto ilícito, lo que hace a la fianza fijada ajustada a derecho 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 7 de Vigo, en las Diligencias Previas 43/2016 se dicta un auto de fecha 13/07/2017 en el que se acuerda desestimar el recurso de reforma contra el auto a su vez que decretaba la fijación de la fianza a prestar por los encausados, fijada en el auto de apertura del Juicio Oral.
SEGUNDO .- Por el Procurador Sr. Lois Bastida en defensa de los encausados, interpone recurso de apelación contra dicho auto el día 27.07.2017.
TERCERO .- Se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto dándose traslado del mismo al Ministerio Fiscal y resto de partes personadas, a efectos de alegaciones en el plazo previsto por la Lecrim, siendo impugnado el precitado recurso por el Ministerio Fiscal, que interesa la confirmación de la resolución recurrida.
CUARTO.- Por el Juzgado instructor se remitió testimonio de particulares de las Diligencias Previas a esta Sección Quinta de la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, para sustanciar el recurso interpuesto y, recibido que fue, se formó el rollo de apelación penal de los de su clase 829/2017-971-M en el que es Ponente MARIA BELEN RUBIDO DE LA TORRE.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los motivos del recurrente.
La argumentación del recurso es la siguiente:
1. Desproporción en la cuantía de la fianza.
2. No existe peligro de mora en el caso de una hipotética condena como para la exigencia de una fianza tan elevada a los encausados.
Por su parte, el Ministerio Fiscal impugna el recurso, considerando que sí existen indicios de la conducta delictiva, y que la fianza además es ajustada a la cuantía no sólo de las eventuales indemnizaciones al perjudicado por el delito, sino también que es adecuada para responder de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito (pago de la multa)
SEGUNDO .- La desproporción de la cuantía de la fianza.
El art. 783.2º de la LECRIM , establece que al acordar la apertura del juicio oral , resolverá el Juez de Instrucción sobre la adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas interesadas por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, tanto en relación con el acusado como respecto de los responsables civiles, a quienes, en su caso, exigirá fianza, si no la prestare el acusado en el plazo que se le señale, así como sobre el alzamiento de las medidas adoptadas frente a quienes no hubieren sido acusados.
Sigue diciendo el 783.3º de la LECRIM que contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará re
curso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal. En este caso, no ha habido un recurso dirigido a cuestionar esta única cuestión (las medidas afectantes a la situación personal) por lo que este tipo de recursos contra el resto de medidas cautelares o fianzas (lo es para garantía de las responsabilidades pecuniarias) no debió ser admitido por la juzgadora de instrucción. Dicho lo cual, lo fue, y esta resuelve sobre el fondo del asunto

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