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AP Murcia, Sec. 3.ª, 394/2018, de 5 de junio

SP/AUTRJ/968740

Recurso 395/2018. Ponente: ANA MARIA MARTINEZ BLAZQUEZ.

Concurren los requisitos para adoptar las medidas de protección; no solo de la declaración de la menor se deduce la presunta comisión de un delito de malos tratos por parte de su padre, sino que así lo certificaron médicos facultativos 
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ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO: Por auto de fecha 17 de marzo de 2018, el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Murcia acordó en las Diligencias Previas Nº 620/18 adoptar medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación en relación a la menor Carla como víctima de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, acordándose prohibir a Pedro Antonio acercarse a menos de 200 metros de la víctima y de su domicilio sito en la CALLE000 NUM000 de DIRECCION000 y de cualquier otro lugar frecuentado por la misma, incluido el Colegio DIRECCION001 en DIRECCION000 , donde cursa estudios de segundo de primaria, así como entablar comunicación con ella por cualquier medio oral, escrito o telemático, estableciéndose la vigencia de dichas hasta su posterior revisión por el Juzgado que resulte competente, y con los apercibimientos de que en caso de incumplimiento se podrán adoptar nuevas medidas cautelares que impliquen mayor limitación de su libertad personal, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar.
Contra el anterior auto la defensa de Pedro Antonio interpuso recurso subsidiario de apelación.
Remitidas a la Audiencia Provincial las actuaciones, se formó por esta Sección Tercera el oportuno Rollo con el Nº 395/18, quedando pendiente de resolución.
Es Magistrada-Ponente la Ilma. Sra. Doña Ana María Martínez Blázquez, quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Sostiene la parte apelante, que procede dejar sin efecto las medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación porque no existe indicio alguno de que Pedro Antonio haya cometido delito de malos tratos ni comportamiento peligroso contra su hija menor Carla , pues solo se cuenta con lo manifestado por la menor en sede policial en presencia de la madre, sin que la Juez Instructora haya tenido la oportunidad de comprobar la verosimilitud de lo declarado, y sin que obren partes objetivos de lesiones o datos objetivos (declaraciones de terceros) que avalen las supuestas amenazas o agresiones denunciadas.
El Ministerio Fiscal se opone al alzamiento de las medidas cautelares acordadas en el auto recurrido de 17 de marzo de 2018 por considerarlas ajustadas a derecho.
SEGUNDO : En la Ley de Enjuiciamiento Criminal junto al precepto genérico de su art. 13 que es el que establece como "primeras diligencias" la de "dar protección a los perjudicados" se integra el más específico que afecta a la prohibición de acercamiento (o medida de alejamiento a modo de reverso de la interdicción) y así dispone el art. 544 bis en su redacción resultante de la reforma por L.O. 14/1999 que "en los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal , el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarment
e al inculpado (...) la prohibición de (...) aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas". En estrecha relación con ello, la Ley 27/2003 de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica (cuya E. de M. se aludía a que "pueda obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y

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