La modificación parcial de la LECrim., operada por la Ley Orgánica 13/2015 y la Ley 41/2015, ambas de 5 de octubre, trata de resolver un doble problema que aqueja a nuestro sistema procesal penal: la ausencia de doble instancia para los delitos más graves y los efectos negativos que esta carencia ha determinado en el recurso de casación.

El incumplimiento del art. 14.5.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha ocasionado, desde el año 2000, sucesivas resoluciones contra España del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y ha producido el efecto colateral de desvirtuar el recurso de casación, que se ha convertido en una apelación solapada como consecuencia del esfuerzo realizado por el Tribunal Supremo para tratar de suplir la doble instancia.

La reforma generaliza la segunda instancia, utilizando para ello la misma regulación prevista para la apelación de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, con algunas modificaciones destinadas a respetar las exigencias que dimanan del principio de inmediación y su interpretación por el Tribunal de Estrasburgo [nueva redacción de los arts. 790.2.º, 792, 846 ter y 847.1.º a), otorgada por la Ley 41/2015]. Al mismo tiempo, generaliza el recurso de casación para la totalidad de los delitos [nuevo art. 847.1.º b)], limitando para los delitos menores la casación a la infracción de ley exclusivamente cuando concurra interés casacional (nuevo art. 889.2.º).